Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
A más de un año de haber iniciado las actuales administraciones municipales, sólo 21 de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí han instalado su Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIMPINNA), una omisión que limita la atención y prevención de violencias contra este sector. Ante ello, la diputada Mireya Vancini Villanueva presentó un punto de acuerdo para exhortar a los municipios rezagados a cumplir con esta obligación legal.
La legisladora pidió a las y los presidentes municipales no solo instalar el SIMPINNA, sino también designar a la persona titular de su Secretaría Ejecutiva y garantizar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento efectivo. La propuesta fue turnada a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado para su análisis.
El exhorto está dirigido a los municipios de Ahualulco del Sonido Trece, Aquismón, Armadillo de los Infante, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, El Naranjo, Guadalcázar, Lagunillas, Matlapa, Moctezuma, Rioverde, San Ciro de Acosta, así como San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Santa María del Río, Santo Domingo, Tampacán, Tampamolón de Corona, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Villa de Ramos, Villa Juárez, Xilitla y Zaragoza.
Vancini Villanueva advirtió que la protección debe ser una prioridad en todas las políticas públicas. Recordó que la falta de estos sistemas municipales vulnera derechos fundamentales y reduce la capacidad institucional para prevenir, atender y erradicar las distintas formas de violencia, desigualdad y exclusión que enfrentan niñas, niños y adolescentes.
La diputada reconoció que la instalación de los SIMPINNA implica un reto, ya que debe realizarse cada tres años con el cambio de administración municipal; sin embargo, indicó que la omisión actual representa una limitación para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y los municipios. Por ello, consideró urgente exhortar a los ayuntamientos pendientes a instalar su sistema, designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y asegurar los recursos necesarios para garantizar una protección efectiva de los derechos de la infancia en el Estado.