Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, aseguró que hasta el momento no se tiene registro oficial de centros de rehabilitación o “anexos” operando en las cercanías de planteles escolares, luego de que la diputada Martha Patricia Aradillas señalara que muchas de estas clínicas funcionan sin permiso, incluso cerca de instituciones educativas.
“Estas iniciativas nacen de la preocupación de los ciudadanos porque las clínicas se ponen sin permiso alguno en las colonias, incluso cerca de escuelas”, sostuvo la legisladora al defender su propuesta de reforma que busca tipificar como delito la “privación ilegal de la libertad” en casos de internamiento involuntario en centros de salud mental y rehabilitación.
En respuesta, Torres Cedillo explicó que la SEGE mantiene una vigilancia constante del entorno escolar mediante comités de seguridad y salud. En caso de detectar algún riesgo, aseguró que se activa la intervención inmediata con apoyo de otras dependencias estatales o municipales.
“Cuando se otorga un permiso de funcionamiento, inmediatamente se revisa que esté lejos de escuelas u otras zonas sensibles”, puntualizó el funcionario. Añadió que, incluso si una clínica cuenta con autorizaciones municipales o sanitarias, si se considera perjudicial para la comunidad educativa, las autoridades intervienen.
Sobre las denuncias por abuso o acoso en instituciones privadas, el secretario aseguró que la dependencia actúa conforme a los protocolos establecidos, aunque mencionó que en casos de agresión sexual corresponde a los padres presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
“Es importante dejar claro que la Secretaría de Educación tiene límites en cuanto a sancionar a la institución,. Cuando sucede un acoso o abuso sexual, se convierte en un asunto entre particulares, los padres de familia tienen que ir ante la Fiscalía a denunciar al agresor, para que se lleve otro procedimiento y si es comprobado, pues hasta la cárcel va a dar”, señaló.
En relación con el caso del Instituto Hispano Inglés (IHI), Torres Cedillo informó que la SEGE ya intervino y realizó los requerimientos pertinentes. No obstante, la familia afectada no está conforme con las acciones emprendidas y decidió llevar el caso por la vía legal. “Nosotros podemos suspender a una escuela por falta de responsabilidad institucional, pero si hay un agresor, es un asunto entre particulares y debe judicializarse”, concluyó.