La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, María Eugenia Castro Anguiano, defendió su intervención en el conflicto entre el gimnasio Beat Cycle Train y habitantes de la colonia Tangamanga, al asegurar que únicamente atendió una denuncia ciudadana y cumplió con su obligación de turnarla a las autoridades correspondientes.
Castro Anguiano explicó que el pasado 15 de mayo, recibió una denuncia respaldada por más de 15 firmas de vecinos cuyas viviendas colindan con el establecimiento, debido a las molestias ocasionadas por el ruido desde temprana hora. Argumentó que de acuerdo con el artículo 49, fracción segunda, de la normativa aplicable, está obligada a informar a las autoridades cuando conoce de posibles violaciones a reglamentos. También sostuvo que los regidores no tienen facultades ejecutoras, sino legislativas y de gestión, por lo que negó haber intervenido para favorecer a alguna de las partes.
En su versión publicada en redes sociales oficiales del establecimiento, las propietarias aseguran que la inconformidad inicial correspondió únicamente a una vivienda y que, para atenderla, instalaron una ventana antirruido con un costo de 17 mil pesos. También refirieron que invirtieron otros 80 mil pesos en modificaciones, redujeron el volumen, retiraron micrófonos y establecieron nuevas reglas para sus usuarios. Además, afirman que 30 de los 33 vecinos con quienes hablaron les firmaron cartas de anuencia, mientras que cuestionaron la consulta municipal porque, según su relato, algunos habitantes no firmaron por temor a generar conflictos con la vecina inconforme.
El choque de versiones también alcanza a la Dirección de Comercio. Las empresarias aseguran que inicialmente el titular, Ángel de la Vega Pineda, les indicó que su giro no era de alto impacto y que podían continuar el trámite con cartas de anuencia; incluso, señalaron que recibieron una licencia provisional el 27 de julio y posteriormente obtuvieron cuatro dictámenes.
