Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
La menstruación digna ha sido tomada por actores políticos como una herramienta para ganar simpatías, sin que exista un verdadero compromiso con los derechos humanos, la salud integral o el contexto social de quienes la viven, así lo denunciaron integrantes de La Organización Para Chicas A.C. (OPC), entre ellas Andrea Guadalupe Rodríguez, Liz Soto y Gabriela Silva, quienes cuestionaron que los programas oficiales y propuestas legislativas en torno al tema se implementan sin consulta, sin diagnóstico y sin escuchar a
las expertas.
“Desgraciadamente, muchos gobiernos piensan que tomar un curso les da autoridad para hablar del tema, cuando la menstruación es un concepto mucho más amplio. Hay niñas con endometriosis, con ovario poliquístico, y cuando te paras frente a ellas, tienen dudas reales. No basta con hablar desde la experiencia, se necesita formación y especialización”, señalaron.
Las activistas criticaron que, en San Luis Potosí, iniciativas como la Ley de Menstruación Digna han sido rechazadas una y otra vez por el Congreso local, pese a que organizaciones como OPC han presentado propuestas con sustento técnico.
Mientras tanto, partidos políticos y gobiernos estatales “se limitan a donar insumos” en periodos específicos, principalmente durante campañas electorales. “Les interesa solo cuando hay votos de por medio. Pero cuando presentamos políticas públicas que podrían atender el problema de raíz, ya no es prioridad”, lamentaron.
A esto se suma la imposición de soluciones sin atender las condiciones básicas de cada comunidad. En algunas zonas donde OPC ha trabajado —incluidas comunidades rurales, centros penitenciarios y espacios con población migrante— no hay acceso al agua, baños adecuados ni condiciones mínimas de higiene.
“Donar copas menstruales en contextos sin agua es irresponsable. Lo hemos visto: llegan insumos que no sirven, que incluso pueden provocar infecciones. Nadie se toma el tiempo de preguntar qué necesitan realmente las niñas. Algunas sólo quieren un calzón menstrual, no una copa que no saben usar ni limpiar”, afirmaron. También advirtieron del riesgo de banalizar el tema. “Ahora se habla de menstruación como una moda. Pero hablar de salud sexual integral sin formación es peligroso.
En OPC hay compañeras con años de estudio sólo en educación menstrual, no es algo que se improvise. La política pública no puede usarse sólo para ganarse una estrellita”, dijo Andrea Rodríguez.
La organización ha enfrentado obstáculos al intentar incidir en políticas públicas o colaborar con instituciones. En más de una ocasión han entregado diagnósticos, metodologías y asesorías a autoridades, que luego las excluyen de los proyectos. “Se cuelgan la medallita como si el trabajo fuera suyo. Y cuando nos acercamos para ayudar, nos ignoran y hacen lo que quieren, sin lineamientos, sin respeto por el conocimiento acumulado”, criticaron.
De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI), en San Luis Potosí hay 419 comunidades indígenas registradas como sujetos de derecho público en el Padrón de Comunidades Indígenas del estado.
Finalmente, las activistas recordaron que su lucha también ha implicado visibilizar a personas menstruantes fuera del binarismo de género, lo que ha provocado resistencias tanto a nivel local como nacional.
“Cuando hablamos de comunidades trans y no binarias en materia de menstruación, nos atacaron. Pero para nosotras, el acceso a la salud sexual integral no puede excluir a nadie. Cada persona y cada contexto tienen derecho”, concluyeron.