Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
En San Luis Potosí, las pensiones alimenticias podrían incluir de manera expresa gastos de salud mental, actividades recreativas, acceso a tecnologías y educación superior, además de considerar la calidad de vida que tenían niñas, niños y adolescentes antes de la separación de sus padres, de acuerdo con una iniciativa ciudadana que será turnada al Congreso del Estado.
La propuesta, presentada por José Mario de la Garza Marroquín, plantea reformar el Código Familiar y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí, con el argumento de que la obligación alimentaria debe garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los menores y no limitarse a cubrir sus necesidades básicas de subsistencia.
Uno de los cambios centrales consiste en establecer que, al fijar una pensión alimenticia después de una separación o divorcio, los jueces consideren las condiciones de vida que tenían los hijos antes de la ruptura familiar.
El criterio tendría que aplicarse en la medida de lo posible y de acuerdo con la capacidad económica real de cada progenitor, sin imponer obligaciones que excedan sus recursos.
La iniciativa también propone ampliar el alcance de los gastos educativos. Actualmente, el artículo 150 del Código Familiar hace referencia a los gastos necesarios para la educación básica obligatoria, mientras que la reforma busca incluir todos los niveles educativos y precisar que la obligación puede extenderse a hijos mayores de edad que continúen estudiando, conforme a los supuestos previstos en la legislación.