Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]
Antes que sancionar la libertad de expresión como parece ser que lleva la orientación, las leyes antiextorsión, deben salirse de la condición política y meterse de lleno a defender a las verdaderas víctimas de la extorsión, tanto de personas del servicio público como de delincuentes a quienes movilizan la economía, pasamos de casa y a los trabajadores, porque las empresas están sufriendo grandemente la extorsión como parte de lo cotidiano, advirtió el coordinador de la Alianza Empresarial Potosina y presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.
Añadió que lo más inadecuado es atacar a la libertad de expresión, hasta por esa vía cuando el estado ni siquiera ha garantizado la seguridad de los periodistas, quienes han sufrido desapariciones, asesinatos y ataques un día sí y el otro también.
Dijo que las reformas legales, antes que atacar la libertad de expresión, deberían ir encaminadas a atender aspectos más puntuales para prevenir y sancionar la extorsión que afecta a los motores de la economía, a las personas y a las empresas, porque el resto de las intenciones está más ligada a la política que a la solución de un problema añejo que ha puesto de cabeza la seguridad del país.
Añadió que cualquier decisión en esa materia debería ir enfocada en atacar el problema desde el punto de vista de las personas que dañan a los ciudadanos, y el tema político tiene que quedar fuera de cualquier acción relacionada con lo que debería hacer nada más el combate al delito.
Recordó que esas reformas, lo único que hacen es atender con puntualidad los casos de la libre expresión y abrir la puerta para que un ministerio público, acuse de extorsión aunque no sea cierto, no son más que manifestaciones de la contaminación política de la aplicación de la ley.