Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
Las inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el 2023, se debieron a un desfase en los procesos de captura y entrega de reportes por parte del personal operativo que registra y entrega los programas sociales, justificó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Este jueves se reveló que, obligado por la ASF, el DIF estatal devolvió casi 500 mil pesos entregados en 2023 como apoyos a 344 beneficiarios de programas de asistencia social que resultaron estar muertos.
Expuso que, en febrero de cada año se genera un padrón general de las y los beneficiarios para atender en el transcurso del ejercicio, y en septiembre y diciembre se entrega un informe para cuadrar las entregas proyectadas contra las realizadas.
En tanto, especificó que, de marzo a diciembre se generan “diversas situaciones” que derivan en el reemplazo de los favorecidos con los apoyos, siendo una situación recurrente el fallecimiento de los mismos, misma que se notifica y actualiza.
Atajó que, en “muchos casos” por tratarse de personas en condiciones de marginación social, los familiares de los fallecidos no informan al enlace de DIF para continuar recibiendo los apoyos del organismo de asistencia.
“Dando cumplimiento a lo establecido por la ASF, se realizó la subsanación aplicable, las observaciones previas del proceso de auditoría, para dar como resultado final, el documento de cero observaciones finales para este organismo de asistencia social”, sostuvo.
Adelantó que se reforzarán los procesos de supervisión hacia el personal de tales asignaciones, cotejando con los registros mensuales del Registro Nacional de Población (RENAPO).