Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
A diferencia de los años anteriores donde no aparecía en el recuadro de seguimiento oficial, pero sí se contabilizaba, en el primer bimestre de 2026 la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí acumula 12 carpetas de investigación por el delito de tortura.
En enero se abrieron cinco causas penales y siete en febrero, de acuerdo con el reporte mensual más actualizado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Debido a que el año pasado no destacaba la tortura en el tablero abierto del SESNSP, no es posible establecer una comparativa para definir si es un ilícito a la baja o en aumento en la entidad potosina.
El caso más reciente que documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Recomendación No.07/2024, se remonta a abril del 2023 cuando tres policías de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Soledad de Graciano Sánchez, levantaron y torturaron a dos jóvenes.
Según el expediente de queja 3VQU-0059/2023, el 24 de abril del 2023 alrededor de las 9:00 horas cuando regresaban de una entrevista de trabajo, fueron abordados por tres agentes policiales de ese municipio, dos mujeres y un hombre, quienes los detuvieron de forma arbitraria.
En noviembre del 2024, un reporte del Observatorio Contra la Tortura, reveló que hasta 2023, de las 66 investigaciones abiertas por casos por ese delito en el estado de San Luis Potosí, no se registró ningún asunto judicializado.
Como respuesta, la fiscal general María Manuela García Cázares, explicó que cuando los denunciantes alegan haber sido torturados, el Ministerio Público o el juez de Control están obligados a iniciar un procedimiento para aplicar el Protocolo de Estambul, que evalúa las afectaciones derivadas de casos de tortura.