La CGE ha liberado parcialmente trámites, pero siete u ocho proyectos permanecen atorados, señala
Por Rolando Morales
[San Luis Hoy]
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Contraloría General del Estado liberar los procedimientos relacionados con proyectos de obra municipal, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que varios expedientes continúan detenidos y acusó la existencia de una intención política para frenar el programa de infraestructura del Ayuntamiento.
El edil señaló que, si bien la Contraloría estatal comenzó a liberar algunos trámites después de la resolución judicial, el proceso sigue incompleto.
Recordó que la Corte se pronunció sobre 14 proyectos y afirmó que, aunque por escrito se informó que todos fueron liberados, en la práctica todavía permanecen atorados entre siete y ocho expedientes.
Entre ellos mencionó obras relacionadas con Villa Magna, donde existe además un proyecto paralelo impulsado por el Gobierno del Estado.
Galindo sostiene que debería existir un solo proyecto, pero como el Estado no define si ejecutará el suyo, el Ayuntamiento continúa con su propio procedimiento de licitación.
El problema es que, si el Estado finalmente hace la obra, el Ayuntamiento tendría que retirar o reorientar su proyecto y sus recursos hacia otra obra.
Galindo explicó que los retrasos no terminan con la liberación de las prebases, ya que posteriormente deben publicarse en el Periódico Oficial del Estado y volver a ser revisadas por la Contraloría antes de iniciar formalmente las licitaciones.
Consideró que este esquema ha permitido una intervención excesiva del gobierno estatal en procesos que, según dijo, corresponden exclusivamente al ámbito municipal, argumentó que fue reconocido por la propia Corte al resolver el conflicto.
Respecto a los cuestionamientos sobre si existe una estrategia para impedir que el Ayuntamiento ejecute su programa de obra, el alcalde respondió que los hechos apuntan en esa dirección.
Sostuvo que durante los primeros cuatro años de su administración no se presentaron obstáculos similares y que, justamente en un año con una bolsa importante de recursos destinados a infraestructura, los procedimientos administrativos comenzaron a retrasarse de manera sistemática.
“Sí hay una intención política de que el programa de obra no se lleve a cabo como está previsto”, afirmó. Precisó que los recursos municipales no están en riesgo de perderse, ya que pueden ejercerse en ejercicios posteriores, a diferencia de algunos fondos federales que cuentan con plazos más limitados para su aplicación.
El presidente municipal insistió en que las consecuencias de estas demoras recaen directamente sobre la población, al tratarse de proyectos enfocados en movilidad e infraestructura urbana.
Además, acusó a la Contraloría estatal de exceder sus atribuciones al emitir observaciones sobre aspectos técnicos de las obras, cuando, a su juicio, su función debería limitarse a revisar la legalidad de los procedimientos administrativos.
Para Galindo, la falta de coordinación con el Gobierno del Estado ha generado confusión, retrasos y un menor aprovechamiento de la inversión pública disponible para la capital potosina.