Leonel Mora
[San Luis Hoy]
Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, vocero de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, consideró que el rezago del 93.3 por ciento en las carpetas abiertas por la Fiscalía General del Estado en 2024, es “una muestra alarmante de la crisis estructural del sistema de procuración de justicia que refleja incapacidad para cumplir funciones esenciales para la ciudadanía, como garantizar que el delito no quede impune”.
Lamentó que, de esta forma, “el derecho penal pierde eficacia real y el Estado incumple su obligación de investigar, sancionar y reparar los daños. Obviamente, esto produce frustración y desconfianza en toda la sociedad y provoca también la descomposición del tejido cívico y social”.
En lo económico, el también presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que la falta de procuración de justicia afecta no solamente a los empresarios mexicanos sino también a los extranjeros: “la incertidumbre jurídica afecta las decisiones de inversión, pues se genera temor de que controversias de índole mercantil, laboral o penal, no se resolverán eficientemente por culpa de un sistema colapsado”.
Añadió que cuando la Ley no se cumple ni se hace cumplir, se generan entornos de verdadero riesgo para las empresas.
Ortuño Díaz Infante recordó que desde la Coparmex se ha denunciado que ya existe un alto nivel en el tema de extorsiones y de inseguridad para las empresas y que estos rezagos generan incertidumbre, corrupción y acaba con la confianza empresarial y la credibilidad en el estado de derecho.
Finalmente, el líder empresarial llamó la atención hacia un punto importante: “más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian. Si todos los delitos se denunciaran, estaríamos presenciando un verdadero colapso del sistema de justicia no sólo en nuestro estado, sino en todo el país”.