
Leonel Mora
[San Luis Hoy]

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ya trabaja con su propio laboratorio de obra pública en el cual se analizan muestras para determinar la veracidad de los informes de autoridades sobre las obras que realizan con dinero público. Con base en los datos técnicos de dicho laboratorio, ya se han logrado imponer sanciones por 11 millones de pesos.
“A partir del año pasado comenzamos a hacer auditorías de obra pública, pero con base en un laboratorio propio que adquirimos con ahorros del propio Instituto. Lo que hacemos es que tomamos muestras aleatorias de las construcciones que realizan los entes públicos, tanto ayuntamientos como dependencias estatales y otras.
Medimos que lo que aparece en papel, sea realmente el servicio que recibieron las y los beneficiarios de la obra”, explicó el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López en entrevista.
Recordó que, desde el inicio de su gestión, veía deficiencias en obras. “Por ejemplo: La avenida Universidad fue pavimentada tres veces en un año porque la carpeta se volvía a romper. Ahí había alguien que estaba defraudando a la ciudadanía. O era el contratista o era el servidor público, pero ahora ya hacemos revisiones aleatorias. Sacamos muestras en cilindros, revisamos que el grosor sea el correcto, comprobamos la durabilidad de los materiales y otros aspectos, y entonces se emite un dictamen técnico que avala que lo que pagó la autoridad o institución pública, sea exactamente lo que le prometieron”.
Dijo que las auditorías del ejercicio fiscal 2023 ya traen observaciones basadas en los resultados de dicho laboratorio del IFSE y que los datos se han estado verificando también con un par que es un laboratorio de obra situado en el estado de Guanajuato, el cual cuenta con personal certificado.
“En las auditorías de 2023, hubo contratistas que tuvieron que devolver hasta 11 millones de pesos en total por obras realizadas de manera deficiente. En algunos casos, se logró que los contratistas repavimentaran, como fueron los casos de las avenidas García Diego y Mariano Jiménez”, precisó el auditor del Estado.