Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
La Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales del Estado opera con menos personal, menos recursos y menor capacidad de incidencia para investigar delitos de género y feminicidios, así lo advierte la abogada y maestra en Derechos Humanos, Fátima Alvizo, quien señala que la institución “hace lo que puede con los recursos que tiene”, pero ha sido severamente golpeada por las políticas de austeridad.
La consecuencia, afirma, es una estructura debilitada frente a una problemática creciente. En el estado, un solo Ministerio Público recibe la denuncia, integra la carpeta y litiga todo el proceso. Esto significa dedicarle innumerables horas a un solo caso en un contexto donde puede que existan entre 20 y 30 agentes. A ello se suma que no hay especialización en regiones como la Huasteca potosina, una de las zonas con mayor incidencia de violencia sexual. El resultado es una Fiscalía rebasada.
Alvizo reconoce que existen profesionales comprometidos con la justicia social dentro de la institución, pero advierte que el problema es estructural. La austeridad ha impactado directamente en la investigación de delitos de género, reduciendo las posibilidades reales de atención efectiva. “Cada vez tiene menos personal, cada vez tiene menos recursos y cada vez tiene menos formas de incidir”, subraya.
Este debilitamiento institucional ocurre en un contexto nacional alarmante. Explicó que, México ocupa el primer lugar en maltrato infantil en términos de violencia sexual entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una cifra que la especialista califica como gravísima. En la mayoría de los casos, los agresores no son desconocidos: son personas del entorno cercano como padres, tíos o hermanos.