Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
En San Luis Potosí, el acceso a una vivienda formal no solo depende del dinero: también se frena por trámites municipales que no avanzan, asentamientos que no se regularizan, desarrolladores que incumplen reglamentos y terrenos que, aun comprados legalmente, terminan invadidos. Ese fue el panorama que quedó expuesto en la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y el Instituto de Regulación y Vivienda Social (Inrevis).
Desde Inrevis, la auxiliar jurídico Rocío Guadalupe Villagómez Carvajal explicó que el instituto se topa constantemente con retrasos porque hay municipios que no han hecho estudios de suelo ni emiten dictámenes con rapidez. Eso impide regularizar asentamientos y avanzar en escrituraciones. Mientras algunos ayuntamientos han donado predios viables para vivienda, en otros el rezago detiene procesos que deberían ser ágiles ante la necesidad habitacional.
El presidente de la Comisión, el diputado César Arturo Lara Rocha, reconoció que la reunión surgió tras los casos recientes de desarrollos que no han sido entregados y que presentan fallas.
Advirtió que cuando un fraccionamiento incumple reglamentos o tiene problemas estructurales, quien termina pagando es la ciudadanía.