EL CASO ES DE LA PRIMARIA JUAN SARABIA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA
Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
La omisión de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Sege) para garantizar el acceso a internet en una escuela primaria de Matehuala, derivó en un juicio de amparo que, tras más de tres años de litigio, obligó a la instalación de una red satelital en el plantel, informó Flor Celeste Zamarrón García, abogada del área de litigio estratégico de la Asociación Civil Perteneces.
El caso corresponde a la Escuela Primaria Juan Sarabia, ubicada en la comunidad Estanque de Agua Buena, donde Perteneces acompaña el proceso desde 2021 como parte de los juicios de amparo que impulsa desde 2019 para exigir atención a omisiones en infraestructura educativa en distintos niveles. En este plantel se promovió un amparo contra la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), por incumplimientos en materia de infraestructura, a pesar de tratarse de servicios básicos indispensables para el ejercicio del derecho a la educación.
Zamarrón García, explicó que el juicio derivó en una suspensión definitiva y en una sentencia que ha sido recurrida por las autoridades. A partir del proceso judicial se realizaron trabajos de rehabilitación en aulas y áreas comunes; sin embargo, el servicio de internet se mantuvo pendiente debido a la dilación en el cumplimiento por parte de las instancias responsables.
“Sege está obligada a vincularse porque ellos dicen; básicamente yo no puedo dar ese servicio, no es algo que yo dé, pero sí está obligada a que las escuelas cuenten con ello”, comento la entrevistada.
Detalló que este año, tras requerimientos emitidos por la jueza primera de distrito en San Luis Potosí, SEGE se vinculó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permitió la instalación de una red satelital de internet en la escuela. El plantel cuenta con alrededor de 57 alumnos y alumnas y el servicio, al ubicarse en un espacio público, también beneficia a las y los habitantes de la comunidad.
La abogada señaló que, aunque las autoridades no promovieron recursos legales para frenar el amparo, sí han incurrido en dilaciones administrativas que han obligado al juzgado a insistir en el cumplimiento, al tratarse de un caso que involucra el interés superior de la niñez.
“Lo que hacen es dilatar, o sea, las notificaciones pues se las hacen vía oficio. Eso es un tema con todas las autoridades que a pesar de que no están ubicadas tan lejos, pues no dan un correo, ni nada para que se les notifique más rápido. Entonces eso nos genera mucha pérdida de tiempo”, concluyó.