Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
San Luis Potosí contará durante 2026, con una bolsa conjunta de 40 millones 195 mil 546.53 pesos para la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), de acuerdo con el convenio de coordinación firmado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El acuerdo establece que la Federación aportará 6 millones 661 mil 204 pesos, mientras que la administración estatal destinará 33 millones 534 mil 342.53 pesos para el funcionamiento de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en la entidad.
De acuerdo con el documento, los recursos federales serán destinados específicamente a
acciones de Consejeros Laborales y Ferias de Empleo, mientras que la aportación estatal cubrirá gastos relacionados con la operación y administración de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo, incluyendo personal, viáticos, pasajes, telefonía, combustible, renta de inmuebles, servicios básicos, equipo, mobiliario e infraestructura tecnológica.
El convenio establece que el programa tendrá como objetivo facilitar la incorporación de personas buscadoras de empleo a puestos formales, mediante acciones de intermediación y movilidad laboral, con atención prioritaria a quienes enfrenten mayores barreras para acceder a una fuente de trabajo.
También contempla acciones para evaluar habilidades y capacidades de personas con discapacidad y adultas mayores, además de promover su vinculación con empleadores.
Entre las obligaciones del Estado se encuentra garantizar el funcionamiento de la oficina del Servicio Nacional de Empleo, contratar personal de tiempo completo, organizar Ferias de Empleo, mantener infraestructura y sistemas informáticos, así como realizar acciones de capacitación y vinculación con empresas.
organismos empresariales e instituciones educativas. El acuerdo también contempla la posibilidad de impulsar oficinas municipales de empleo, siempre que existan recursos para cubrir sus gastos de operación.
El convenio tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal 2026 y establece que los apoyos otorgados a la población serán gratuitos, por lo que no podrán cobrarse cantidades ni imponerse condiciones de carácter electoral o político para acceder a ellos. Asimismo, los recursos estarán sujetos a mecanismos de fiscalización y transparencia, y el acuerdo podrá rescindirse si se detecta que el dinero fue utilizado para fines distintos a los establecidos.