Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
Desde la administración estatal no existen prácticas de intimidación contra la ciudadanía, porque “el Estado no persigue”, aseveró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.
Declaró lo anterior ante la reciente acusación Juan Ramón Infante, vicepresidente de Coparmex en Matehuala y padre de uno de los jóvenes muertos en el caso Rich, quien acusó intimidación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) por inspecciones a dos de sus empresas.
En entrevista, el funcionario estatal dijo desconocer de dónde o qué haya motivado la postura emitida por el padre de la víctima ante los medios de información.
“No sé de dónde haya nacido o que sólo en su imaginación existe. Nosotros (como Gobierno del Estado) no nos ocupamos de eso”, remató Torres Sánchez.
El empresario alega la supuesta persecución estatal, porque ha denunciado de manera reiterada que funcionarios de la CEPC, dependiente de la Secretaría General, se niegan a dar la cara para aclarar su responsabilidad en el accidente suscitado el 7 de junio del 2024 en el antro Rich, ubicado en la plaza Alttus en la avenida Sierra Leona del fraccionamiento Villa Antigua.
Si bien hay tres personas detenidas, todas relacionadas con el establecimiento, hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha procesado a ningún funcionario estatal o municipal por las omisiones cometidas en materia de regulación y vigilancia institucional.