Colectivos y activistas insisten en una disculpa pública del gobernador y acciones de la CEDH
Por Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Foto: Citlalli Montaño
Colectivos y activistas de la diversidad sexual en San Luis Potosí exigieron al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, una disculpa pública por declaraciones que consideraron ofensivas y discriminatorias. En conferencia de prensa, señalaron que expresiones de burla desde el poder no solo alimentan estigmas, sino que también legitiman violencias contra la comunidad.
Aunque un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos aseguró que existe disposición para dialogar, las organizaciones subrayaron que el punto de partida debe ser un acto de reconocimiento del error. “Si desde la máxima autoridad no se envía un mensaje claro contra la discriminación, se normaliza la impunidad y la exclusión”, recalcaron.
Las y los activistas reconocieron que el gobierno ha impulsado iniciativas como apoyos a emprendedores LGBTTIQ+, pero consideraron que se trata de medidas aisladas, sin un plan integral que responda a las necesidades de la población. Recordaron que aún existen trabas en el Registro Civil para matrimonios igualitarios y el registro de hijos de parejas del mismo sexo, pese a que la ley ya reconoce estos derechos.
Otra de sus preocupaciones fue el desabasto en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capacits), donde faltan insumos, pruebas y medicamentos. “La salud pública no puede depender de esfuerzos mínimos, porque son vidas las que están en riesgo”, denunciaron. También lamentaron el estancamiento de propuestas legislativas como la cuota laboral para personas trans.
Las críticas alcanzaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que acusaron de omisión y de encubrir casos de discriminación. Señalaron que el organismo ha perdido fuerza en comparación con gestiones anteriores y que su falta de acción deja en vulnerabilidad a la comunidad.
Los portavoces dejaron claro que su postura no busca confrontar al gobernador, sino visibilizar la falta de acciones efectivas. Recordaron que más de 137 mil personas de la diversidad sexual viven en San Luis Potosí y que, pese a ello, no existe una política estatal que garantice su inclusión en ámbitos como salud, empleo, educación y seguridad.
Finalmente, llamaron a la sociedad a reconocer que los discursos discriminatorios no son bromas, sino la base de un sistema que desemboca en crímenes de odio. “Seguiremos visibles y organizados, porque queremos un gobierno que se comprometa con hechos, no con promesas”, concluyeron.