Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
El Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas enfrenta serias deficiencias: su inscripción es tardada, no es público y carece de sanciones efectivas, lo que limita su funcionamiento y su impacto real para garantizar el pago de pensiones alimenticias. Así lo señaló la diputada de Morena Gabriela López Torres.
López Torres afirmó que, aunque el padrón existe formalmente, el proceso de registro no ha sido eficiente y no garantiza el cumplimiento de las obligaciones alimentarias decretadas por los tribunales. Por ello, impulsará una iniciativa para transparentar el sistema y hacerlo más eficaz.
“La intención es que este padrón sea público y funcione de manera efectiva, como ocurre en Oaxaca, que mantiene su registro estatal vigente aunque exista el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”, subrayó la legisladora.
La diputada también informó que solicitó una audiencia con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Anahí Zarazúa Martínez, para analizar la operatividad del padrón y la reforma al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Reconoció que se trata de un tema complejo, pero aseguró que la Comisión de Segunda Justicia del Congreso abordará la iniciativa en beneficio de la infancia potosina, con el objetivo de garantizar que ambos padres cumplan con la atención y responsabilidad que requieren sus hijos.
De acuerdo con datos del Poder Judicial de San Luis Potosí, al entrar en funciones el padrón en 2023 se registraron más de 500 personas como deudores alimentarios morosos; sin embargo, esa cifra se redujo a aproximadamente 100 inscritos en reportes posteriores, lo que sugiere una disminución cercana al 80% en el número de casos con el paso del tiempo, aunque la falta de transparencia del listado sigue siendo una asignatura pendiente para especialistas y legisladores.