Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
Aunque no precisó el número de asuntos, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se han documentado casos donde los imputados de delitos argumentan haber sido víctimas de tortura por los cuerpos de seguridad para dilatar el proceso penal.
Pese a ello, matizó que no deben minimizarse cualquier denuncia donde las fuerzas del orden agredieron a los señalados para obtener una confesión o información determinada.
La fiscal refirió que, al oficializarse algún señalamiento, la FGE debe abrir una carpeta de investigación, cuya indagatoria implica la elaboración del protocolo de Estambul donde se incluyen estudios médicos y psicológicos.
Sin embargo, los acusados al darse cuenta que el procedimiento es tardado admiten que no se les torturó, sino que lo dijeron para dilatar el proceso penal en su contra, añadió.
“¿Qué trae consigo? Que no se pueden desistir, porque es una obligación del estado investigar la tortura”, complementó.
Además de referir que la Fiscalía Especializada en la materia recorre los penales para recopilar denuncias, subrayó que las corporaciones más señaladas en estas causas penales corresponden a las policías municipales y la Guardia Civil Estatal (GCE).
“No tenemos documentados cuántos son, sobre todo, porque lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo. Obviamente hay casos en que fueron objeto de tortura. No hay que desconocerlo”, comentó.