Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
El Gobierno del Estado autorizó un estímulo fiscal del 100 por ciento en el pago de diversos derechos estatales vinculados al Programa de Vivienda para el Bienestar, con el propósito de reducir costos administrativos y agilizar la ejecución de proyectos de vivienda popular durante este año.
El beneficio, emitido por la Secretaría de Finanzas mediante acuerdo administrativo de carácter general, aplica exclusivamente a trámites, actos y servicios relacionados directamente con dicho programa y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Entre las instituciones beneficiarias se encuentran dependencias federales como Sedatu, Insus, Conavi, Infonavit y Fovissste, así como el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado, lo que refleja una estrategia coordinada para impulsar desarrollos habitacionales dirigidos a población de bajos ingresos.
El estímulo no elimina totalmente los pagos, ya que las dependencias deberán cubrir el 25 por ciento correspondiente al concepto de asistencia social y presentar una solicitud formal que acredite la vinculación directa con el programa.
Además, la autoridad fiscal estatal podrá realizar verificaciones posteriores para confirmar que se cumplan los requisitos, por lo que el beneficio podría perderse si se detecta uso indebido o inconsistencias en la documentación.
El acuerdo precisa que la medida no tendrá efectos retroactivos ni generará devoluciones por pagos realizados con anterioridad, por lo que su impacto se concentrará en proyectos nuevos o en proceso a partir de su entrada en vigor.