Rolando Morales
[San Luis Hoy]
Durante la entrega de resolutivos de los Parlamentos Abiertos Estatales para la elaboración de una nueva Ley General de Aguas, representantes ciudadanos de 16 estados del país presentaron las conclusiones surgidas tras tres semanas de foros en congresos locales. Entre los planteamientos, destacó la posición expresada por San Luis Potosí, donde se exigió frenar prácticas extractivas de alto impacto y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos originarios en torno al manejo del agua.
En el Parlamento Abierto realizado en el Congreso local potosino el 4 de noviembre, los participantes propusieron prohibir el uso de agua para fracking, minería tóxica y cultivos transgénicos, actividades señaladas como altamente riesgosas para el ambiente y para la disponibilidad hídrica del estado. También se subrayó la necesidad de reconocer y respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, recientemente reconocidos como sujetos de derecho público, con relación al acceso, administración y protección de las fuentes de agua dentro de sus territorios.
Los resolutivos potosinos fueron integrados al documento nacional entregado a legisladores federales, entre ellos integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y del Senado. Según la relatoría presentada en el evento, la mayoría de los parlamentos estatales coincidió en la urgencia de derogar la actual Ley de Aguas Nacionales por considerarse incompatible con la Constitución en materia de participación y protección ambiental.
Durante la sesión, realizada en un recinto histórico y con la presencia de organizaciones, comunidades y representantes de múltiples estados, se reiteró que los aportes ciudadanos buscan una legislación hídrica que priorice el derecho humano al agua, la conservación de ecosistemas y la gobernanza comunitaria.
Las organizaciones convocantes aseguraron que continuarán el proceso de articulación nacional para impulsar cambios legislativos que garanticen agua limpia y suficiente, y que frenen prácticas extractivas que afectan a las regiones con mayor vulnerabilidad hídrica, incluyendo San Luis Potosí.