Organizaciones civiles consideran que se viola el derecho de educación y de libertad de expresión
Por Rolando Morales
[San Luis Hoy]
Foto: Omar Hernández
Diversas organizaciones civiles y colectivos se posicionaron en rechazo a los recientes actos de represión contra estudiantes por parte de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), al calificarlos como un atentado contra el derecho de educación y de libertad de expresión.
Esto, luego de al menos diez estudiantes son sujetos a un “proceso” interno ante presunta “discriminación” por las críticas a una canción institucional en redes sociales.
En primera instancia, el Frente Nacional por las 40 Horas, solicitó explicaciones de las autoridades universitarias ante este hecho; sin embargo, dejaron en evidencia que los comentarios en publicaciones de diversas redes sociales de la institución y del propio rector Néstor Garza, han sido suprimidos para evitar cuestionamientos al respecto.
Por su parte, la Comunidad Estudiantil por la Dignidad en San Luis Potosí, expresó su apoyo y solidaridad a los estudiantes de la UPSLP, al calificar las medidas tomadas como arbitrarias, ilegales y autoritarias, por lo que exigieron que las suspensiones y medidas de censura cesen de forma inmediata.
Mediante el posicionamiento público, diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil señalaron que estos hechos resultan alarmantes al considerar los antecedentes como la eliminación de comentarios críticos y el bloqueo de perfiles en las redes sociales de la UPSLP.
Esta práctica, señalan, ha surgido tras los reclamos legítimos sobre problemas como la falta de materias, recortes a docentes y el uso político de los canales institucionales, pues estos hechos reflejan una falta de apertura institucional para atender las demandas estudiantiles, obligándolos a expresarse en redes sociales ante la ausencia de espacios formales de participación.
Puntualizaron que aunque puede haber situaciones que ameriten medidas disciplinarias, estas deben llevarse a cabo respetando el debido proceso, con notificaciones formales, derecho a la defensa y mecanismos de apelación.
Por lo tanto, denunciaron que los actos ocurridos violan los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la educación y el debido proceso, generando un ambiente de intimidación en la comunidad académica.
Exhortaron a las autoridades, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y sociedad civil a visibilizar, investigar y respaldar a los estudiantes frente a estas prácticas represivas.