Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
A tres días que se cumpla un año del maltrato descubierto en el asilo privado “Residencia Santa Sofía”, ubicado en la calle Fray Diego de la Magdalena 855, la responsable del establecimiento logró obtener una suspensión provisional del proceso penal.
Es decir, la imputada se comprometió a cumplir diversas medidas en favor de las víctimas para efecto de cumplirlas en un plazo determinado por el juez de Control, explicó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Derivado de la publicación periodística del 15 de mayo del 2025, donde se expuso el abuso que sufrían los asilados, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y otras autoridades estatales rescataron a 10 personas adultas mayores.
La fiscal general describió que compareció Águeda N., propietaria del complejo de asistencia y el juez de Control le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones agravadas, sin embargo, alcanzó una suspensión provisional.
“El lugar ya no volvió a operar. Bueno, eso es una situación que ya no correspondería a la Fiscalía”, subrayó García Cázares.
Dicha salida alterna al juicio oral, prevista en los numerales 191 al 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), requiere de vinculación a proceso, un plan de reparación del daño a la víctima, el cumplimiento de condiciones impuestas por un juez durante un plazo determinado y que el delito tenga una pena no mayor a cinco años de prisión.