Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
El Congreso del Estado de San Luis Potosí, reconoció que no cuenta con presupuesto suficiente ni con una ruta definida para cumplir las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo obligan a realizar consultas a pueblos y comunidades indígenas, así como a personas con discapacidad. Ante ello, analiza la creación de un protocolo con el que busca reducir hasta en 80 por ciento el costo de estos procesos.
El tema se discutió tras una reunión entre legisladoras y legisladores locales con personal de la SCJN, en la que se planteó la necesidad de establecer una metodología única para llevar a cabo las consultas pendientes, la cual tendría que ser validada por el máximo tribunal.
La y los diputados Sara Rocha Medina, Héctor Serrano Cortés y Roberto García Castillo reconocieron que la falta de presupuesto y de reglas claras, ha impedido avanzar en el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Por ello, señalaron que se busca definir un modelo previo a la ejecución de las consultas, con el argumento de evitar que el gasto público se pierda en caso de impugnaciones.
Señalaron que, en ejercicios anteriores, la ausencia de lineamientos claros ha provocado que la logística de las consultas se modifique durante su implementación, lo que ha incrementado los costos en rubros como alimentación, traductores y asesorías.