CEDH no ha informado si promovió el mismo recurso, o si se desistió de hacerlo
Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sí presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal de San Luis Potosí en materia de uso de la inteligencia artificial, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha informado públicamente si promovió el mismo recurso o si se desistió de hacerlo.
La acción fue registrada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un día después del plazo constitucional. De acuerdo con los expedientes 130/2025 y 132/2025, ambos con fecha del 19 de diciembre de 2025, la SCJN admitió a trámite las acciones promovidas por la presidenta de la CNDH y dio vista a los Poderes Legislativ o y Ejecutivo del estado para que rindan su informe en un plazo de quince días hábiles.
Asimismo, se ordenó notificar a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, además de requerir al Congreso local la entrega certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.
Previo a la presentación del recurso, la CNDH emitió un pronunciamiento el 15 de noviembre, en el que exhortó al Congreso de San Luis Potosí a revisar y debatir la reforma que adiciona el Artículo 187 Ter y el capítulo “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”.
En ese documento, el organismo advirtió que conceptos como “alarma pública”, “paz social”, “seguridad del estado” o “confianza en las instituciones” carecen de precisión y pueden abrir un margen amplio de interpretación, con riesgos de censura y represión.
Si bien la Comisión reconoció la gravedad de prácticas como la manipulación digital de imágenes, audios y videos, y la obligación del estado de prevenir y sancionar la violencia digital, alertó que figuras penales ambiguas podrían inhibir el debate público y afectar el derecho a la libertad de expresión.
También señaló que, aunque la reforma contempla exclusiones para fines periodísticos, académicos, artísticos o de crítica política, éstas podrían trasladar indebidamente la carga de prueba a periodistas, defensoras de derechos humanos y usuarias de redes sociales.
En ese sentido, periodistas y personas defensoras de derechos humanos entregaron oficios de respaldo a las comisiones nacional y estatal para solicitar la interposición de la acción de inconstitucionalidad.
El apoyo fue emitido por el Grupo Ciudadano de Trabajo, integrado por diversas organizaciones y medios locales, quienes advirtieron que la reforma, impulsada por el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés y aprobada el 14 de noviembre, incorpora conceptos indeterminados que podrían derivar en interpretaciones arbitrarias y en la criminalización de actividades legítimas, advertencia que coincide con los señalamientos de organizaciones especializadas como Artículo 19 sobre una posible violación al principio de taxatividad y a estándares internacionales de derechos humanos.