El especialista destacó la importancia de controlar el financiamiento electoral para mayor transparencia
Por Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
La propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta de México contiene cambios que podrían corregir distorsiones del sistema político, como la eliminación de las senadurías plurinominales y un mayor control sobre el dinero en campañas, aunque también plantea riesgos que deberán revisarse, especialmente en materia de fiscalización a medios de comunicación, advirtió el especialista en Derecho Constitucional, Jorge Chessal Palau.
En entrevista, el constitucionalista consideró que desaparecer las senadurías de representación proporcional permitiría que el Senado recupere su función original como órgano de representación de las entidades federativas. Recordó que este órgano fue creado para representar a los estados dentro del pacto federal, por lo que la existencia de legisladores plurinominales provocó que una cuarta parte de sus integrantes no represente a ninguna entidad.
También valoró positivamente la intención de reducir los recursos destinados a los partidos políticos y establecer mayores controles sobre el financiamiento electoral.
Señaló que uno de los principales problemas de los procesos electorales es el dinero que circula de manera informal en todas las fuerzas políticas, por lo que obligar a que los recursos se manejen mediante cuentas y bajo mecanismos de prevención de lavado de dinero podría ayudar a transparentar el gasto en campañas.
No obstante, advirtió que la regulación en materia de Inteligencia Artificial y fiscalización podría derivar en presiones sobre los medios de comunicación. Si bien, consideró correcto que los contenidos generados con inteligencia artificial estén identificados para evitar desinformación, sostuvo que esto no debe convertirse en una forma de control sobre el trabajo periodístico durante los procesos electorales.
Respecto a otros aspectos de la reforma, explicó que aún deberán definirse en las leyes secundarias temas como la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales y los mecanismos para garantizar la proporcionalidad en la representación.
Además, señaló que el requisito de una participación mínima del 40 por ciento para validar ejercicios de democracia directa implicará un reto, tanto para que el Estado incentive la participación como para que la ciudadanía se involucre en este tipo de procesos.