Leonel Mora
[San Luis Hoy]
Integrantes de la organización colectiva ILE (Interrupción Legal del Embarazo) celebraron ayer el primer año de la despenalización de esta práctica y al mismo tiempo señalaron inconsistencia entre lo que se publicita desde el sector gubernamental sobre la prestación del servicio, y la realidad que enfrentan en el estado las mujeres y personas con capacidad de gestar.
De entrada, en rueda de prensa en la Plaza de Armas de esta capital, las jóvenes agradecieron a la sociedad civil, personas en espacios gubernamentales, del Congreso, y asociaciones como Nueva Luna, Praxis Combativa y Frente Marea Verde el apoyo prestado para que la ILE fuera una realidad.
“Hoy no podemos dejar de celebrar este histórico logro: El de poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, sin embargo, quedan muchos pasos por dar para conseguir la garantía de un acceso real y pleno a nuestros derechos productivos”, dijeron.
Enseguida, compartieron un trabajo de investigación de su propia organización con dos líneas de trabajo: Solicitar información a los Servicios de Salud del Estado (SSE), y acudir a los principales hospitales de la zona metropolitana para confrontar los datos oficiales.
Se hizo una solicitud de información a los SSE cuya respuesta se recibió el pasado 22 de octubre: Existen nueve hospitales o unidades médicas que realizan la ILE en el estado.
De esto, se corroboró que sólo el Hospital General “Carlos Diez Gutiérrez” pertenece al ISSSTE.
a pesar de que, oficialmente, se ha difundido que en San Luis Potosí existen, tan sólo por parte de este Instituto, nueve unidades médicas y un hospital general que dan el servicio.
“Por consiguiente, nueve de cada 10 unidades publicitadas no brindan el servicio de ILE o no fueron incluidas en la respuesta. Significa que mujeres y personas con capacidad de gestar estarían sin cobertura en al menos nueve municipios”, señalaron las entrevistadas.
Añadieron que, en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, su personal ha manifestado no realizar el servicio de la ILE “por existir una mayoría de personal objetor de conciencia. Acudimos personalmente y nos remitieron al Hospital del Niño y la Mujer. La objeción de conciencia está presente en hospitales que son clave en el estado, como en el Hospital General de Ciudad Valles, donde 10 de 17 trabajadores manifestaron ser objetores de conciencia. A nivel estatal, uno de cada tres trabajadores son objetores de conciencia, lo que refleja falta de capacitación y reduce el derecho de acceso a la ILE”.
Luego, mencionaron que los principales obstáculos por parte del estado son la falta de transparencia y la falta de difusión de información clave, pues “las cifras no reflejan la despenalización, ya que sólo se consignan interrupciones por causas médicas. De noviembre de 2024 a septiembre de 2025, se tienen registradas 132 interrupciones de embarazo, todas por razones médicas: 127 por riesgo a la salud de la madre y cinco por malformaciones congénitas. Ningún caso fue registrado con la causal de interrupción voluntaria, lo que puede reflejar omisión en los registros. Los Servicios de Salud omitieron responder al número de quejas respecto al servicio de la ILE, por lo que se desconoce cuál ha sido la experiencia de las solicitantes. Pedimos un recurso de revisión a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) del que esperamos obtener resultados pronto”.
Finalmente, las integrantes de la organización ILE informaron sobre dos iniciativas presentadas al Congreso del Estado y que están por cumplir un año en manos de las y los legisladores, las cuales abordan la necesidad de ampliar las causales excluyentes de delito y que se incluya la figura de la violencia en la ILE dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Ambas iniciativas ya cuentan con su respectivo proyecto de dictamen al menos desde el 27 de marzo del año en curso. Pedimos que se garantice nuestra participación en el análisis y discusión de estos dictámenes, así como que se nos informe del día en que las iniciativas podrían ser votadas. Que no se nos discrimine”, concluyeron las informantes.