Aldo Fernández
[San Luis Hoy]
En 2022 las amonestaciones impuestas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado (Cegaip) colocaron a San Luis Potosí como una de las entidades más permisivas ante la opacidad.
Ese problema vulnera el acceso a la información pública, pues son pocas las sanciones que impone, de acuerdo con un tabulado del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi).
Según el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2023, la entidad potosina concluyó el 2022 con 31 sanciones a sujetos obligados, que derivaron, en su totalidad, de faltas relacionadas al acceso a la información pública.
El comparativo nacional muestra que San Luis se colocó ese año en la décimo quinta posición de entidades con mayor número de sanciones totales emitidas a 24 sujetos obligados por estado.
De esas sanciones, 30 corresponden a multas, mientras que solo uno aparece en el registro como amonestación pública, la cual es solo una advertencia.
El censo muestra únicamente los resultados de 22 entidades de la República, mientras que los 10 restantes fueron registrados bajo la categorización de No Aplica.