Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Por segunda vez en menos de dos meses, Claudia Sheinbaum visitó San Luis Potosí. Esta vez su gira la llevó a Rioverde y Villa de Reyes, donde inauguró una planta de ciclo combinado. El acto fue presentado como un logro nacional en infraestructura energética. Pero mientras dentro se hablaba de megawatts y millones de dólares, afuera la protesta tomaba forma con pocas voces, pero con mensajes claros.
Un grupo de agricultores y ganaderos del municipio llegó hasta las inmediaciones de la termoeléctrica. No pudieron ingresar al evento, pero no por ello pasaron desapercibidos. En sus cartulinas,se leía: “Tenemos Termoeléctrica sin beneficios” y “Pedimos se nos condene el recargo del subsidio 2023”.
Denunciaban que el campo sigue olvidado, que el subsidio al rebombeo de agua agrícola desapareció y que nadie, hasta ahora, los ha querido escuchar.
Dentro, todo era celebración. La presidenta inauguraba una de las obras más costosas en la historia energética reciente. La planta, explicaron, generará 437 megawatts, beneficiará a más de dos millones de hogares y reducida las emisiones contaminantes hasta en 53 por ciento. Pero para quienes trabajan la tierra alrededor de la termoeléctrica, esas cifras todavía no significan nada.
El gobernador Ricardo Gallardo fue recibido con aplausos y porras, en contraste con lo ocurrido meses atrás en Villa Hidalgo, donde su presencia fue menos grata. Esta vez, frente a la presidenta, habló de un San Luis Potosí transformado, competitivo y atractivo para la inversión.
Aseguró que “en este nuevo San Luis Potosí los beneficios no se quedan arriba, bajan hasta el último hogar”.
Al escenario también subió Emilia Calleja Alor, directora de la Comisión Federal de Electricidad. Recordó que al cierre del sexenio pasado, la participación de la CFE en generación eléctrica iba a la baja y se proyectaba que para 2030 sólo cubriría el 16 por ciento del mercado. “Se requerían acciones urgentes”, dijo. Y entre esas acciones, destacó la construcción de 10 nuevas centrales, incluida esta de ciclo combinado en Villa de Reyes, con una inversión de 350 millones de dólares que generó mil 200 empleos en su edificación.
Habló también del plan de expansión del sistema eléctrico para 2025-2030, de un rescate de la CFE con cifras multimillonarias y de una reforma constitucional que lo hizo posible. El proyecto, insistió, es una de las piezas clave con las que el país busca recuperar el control sobre su energía.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, completó el cuadro técnico-político: “La energía no es una mercancía más. Es un derecho”, dijo. Y añadió que con esta central se sustituirá a la antigua termoeléctrica de Villa de Reyes y, según dijo, permitirá reducir emisiones en 53% y el uso de agua en 40%. Habló de millones de dólares en inversión, de millones de personas beneficiadas y de cobertura universal de internet.
La narrativa institucional avanzaba en el templete: eficiencia, soberanía, justicia energética. Pero al pie del cerro, donde empieza el camino de terracería, los agricultores seguían firmes. No pedían cifras. Pedían soluciones, que alguien los atendiera, que la termoeléctrica que se alza a unos kilómetros dejara de ser solo una silueta lejana sin impacto real para ellos.
La ceremonia terminó sin sobresaltos. La planta fue inaugurada oficialmente. Las cámaras registraron los discursos. La presidenta volvió a su agenda. Y los agricultores, que no aparecieron en la transmisión oficial ni fueron llamados al micrófono, se quedaron a un costado, al margen de una obra que los tiene cerca geográficamente, pero lejos en los beneficios.