La UASLP se niega a que el IFSE revise sus cuentas; especialistas ven una falta de normatividad
Por Daniel Ortiz Rmz
[San Luis Hoy]
El conflicto entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) lleva tres años sin resolverse. Detrás de los amparos, comunicados y tecnicismos legales, se esconde un problema estructural: la fiscalización en San Luis Potosí se quedó sin un marco claro para revisar los recursos públicos que ejercen las universidades, los municipios y varios entes autónomos.
El origen del desencuentro
En 2022, la Universidad presentó un amparo contra la entonces Auditoría Superior del Estado —hoy IFSE—, argumentando que no existía una titular formal al frente del órgano fiscalizador y que, por tanto, las auditorías carecían de validez.
A partir de ahí, la defensa cambió de fundamento: la UASLP se cobijó en su autonomía universitaria, establecida en el artículo 11 de la Constitución local, para sostener que la fiscalización estatal no puede invadir su régimen interno ni revisar recursos que no provienen directamente del gobierno del estado.
En respuesta, el IFSE sostiene que sí puede auditar a la Universidad. Su argumento se basa en el artículo 53 de la Constitución del Estado, que lo faculta para revisar la gestión financiera y los recursos públicos de todas las entidades que los capten o administren, directa o indirectamente.
Además, el artículo 4 de la Ley de Fiscalización amplía esa atribución a cualquier gasto o ingreso de carácter público, incluyendo la deuda o el uso de fondos públicos, “sin distinción de origen”.
Desde esa óptica, el Instituto afirma que la autonomía universitaria no es absoluta, sino limitada a los ámbitos académico y administrativo, sin excluir la obligación de rendir cuentas.
“La autonomía está supeditada a aspectos concretos —régimen interior, libertad de cátedra e investigación—, pero no al uso del dinero público”, sostiene el texto remitido por el IFSE a Pulso.
El órgano fiscalizador asegura que su intención es establecer “mecanismos eficientes para detectar posibles conductas ilícitas y malos manejos”, y advierte que incluso ha recibido denuncias formales e informales sobre presuntas irregularidades dentro de la UASLP.
Un conflicto judicial sin resolución
De acuerdo con información del IFSE, la Universidad mantiene actualmente dos juicios de nulidad desechados, un amparo sobreseído, otro negado y dos controversias constitucionales rechazadas por la Suprema Corte por improcedentes.
Pese a ello, la UASLP insiste en que el litigio sigue abierto y sin resolución de fondo.
La abogada general universitaria, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, explicó que los recursos presentados hasta ahora no buscan impugnar sanciones ni resultados de auditorías, sino actos que consideran ilegales dentro del proceso.
“No estamos en un conflicto —aclaró—. Hemos atendido las auditorías y señalado la causa justificada respecto a la ausencia de competencia del IFSE para fiscalizar nuestros ingresos autogenerados”.
Agregó que, hasta el momento, no existe ningún procedimiento sancionador en curso.
En contraste, el Instituto asegura que el fondo del debate no es jurídico, sino de transparencia: “El objetivo de auditar a la Universidad no es vulnerar su autonomía, sino verificar que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia y probidad.”
La visión técnica: un sistema sin brazos
Un exauditor estatal consultado por Pulso lo resume sin rodeos: “Antes sí podíamos auditar a la Universidad, pero era gracias a un convenio con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin ese convenio, el IFSE perdió toda capacidad de revisar fondos federales o municipales. Hoy solo puede revisar ingresos propios.”
El exfuncionario refiere que hasta hace unos años, la ASF firmaba convenios de coordinación con las auditorías locales, lo que permitía revisar el gasto federalizado de manera conjunta. Pero ese esquema se diluyó durante la administración de David Colmenares Páramo, actual titular de la ASF, concentrando todo el control en el nivel federal.
“El sistema se quedó sin brazos —advierte—. La ASF no alcanza a revisar todo, y los estados ya no pueden hacerlo. El resultado es un país con más dinero público, pero menos vigilancia.”
Autonomía y fiscalización: la lectura de los especialistas
Un especialista en control universitario y auditor externo en instituciones de educación superior explica que el marco actual reconoce la autonomía de la UASLP, pero no la exime de rendir cuentas.
“La Universidad tiene un Órgano Interno de Control con autonomía técnica y de gestión que debe fiscalizar la cuenta pública universitaria, revisar contrataciones y prevenir irregularidades”, señaló.
El académico agrega que la propia UASLP se comprometió —en la Cláusula Sexta del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Apoyo Financiero, firmado el 8 de enero de 2025— a facilitar la fiscalización de los recursos federales por parte de la ASF y de los estatales por las áreas competentes del Ejecutivo, pero no del IFSE.
“No hay opacidad —sostiene—, hay un vacío de coordinación. El IFSE no tiene competencia legal sobre los fondos federales, y el Congreso tampoco ha actualizado las leyes para resolver esa omisión.”
El vacío legal
Ese vacío se refleja también en los municipios y organismos descentralizados: el IFSE solo puede revisar sus ingresos propios, mientras la ASF concentra la fiscalización del gasto federalizado.
El exauditor lo sintetiza así: “El IFSE hace lo que la ley le permite; la ASF, lo que alcanza. Entre ambos quedaron huecos. Y en esa grieta, la transparencia se volvió una tarea a medias.”
Entre dos fuegos
La UASLP argumenta que su autonomía financiera le permite administrar su patrimonio con independencia total del poder político, según su Estatuto Orgánico. El IFSE insiste en que esa autonomía no es un escudo contra la fiscalización del dinero público.
El conflicto sigue en los tribunales, pero su desenlace definirá más que una disputa: marcará los límites entre la autonomía universitaria y el deber de rendir cuentas.