Algunas de ellas podrían incluso configurar delitos, dijo Rodrigo Joaquín Lecourtois López
Por Redacción
[San Luis Hoy]
A pesar de que las revisiones a la ejecución de Obra Pública aún no concluyen, en la primera etapa y hasta el momento ya han surgido anomalías en el manejo del recurso público alrededor de todo el estado.
A esto se refirió el titular del Instituto de Fiscalización Superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien informó que las irregularidades detectadas por el equipo de auditores especializados son recurrentes y algunas de ellas constituyen faltas graves que podrían incluso configurar delitos.
La verificación física y documental de las obras reportadas en las Cuentas Públicas 2025 por los entes que están siendo fiscalizados, tiene la finalidad de comprobar que los recursos públicos fueron aplicados de manera correcta y cumplen con la calidad, costo, especificaciones técnicas y tiempos contratados.
Para ello, los auditores de obra corroboran la existencia real de ésta y su nivel de avance físico; realizan levantamientos y mediciones; revisan expedientes técnicos, incluyendo el análisis de elementos susceptibles de riesgo, éste como criterio relevante de selección de muestra para la fiscalización; y también examinan el desglose de precios unitarios, por su impacto en el costo final de la obra.
Además, verifican la calidad de materiales, llevan a cabo pruebas de laboratorio, cotejan en la bitácora que todo el proceso de construcción esté debidamente asentado y firmado tanto por el supervisor como por el contratista, confirman personal y maquinaria, confrontan anticipos y su correcta amortización, comprueban números generadores, revisan procesos de adjudicación y contratación, así como el cumplimiento del marco legal.
Finalmente, Rodrigo Lecourtois indicó que el modelo de fiscalización adoptado por el IFSE centraliza su actuación en el beneficio que éste puede otorgar a la ciudadanía y por tanto, su compromiso se refleja desde la planeación de auditorías que impacten y logren proteger eficientemente el patrimonio público; auditorías en las que el trabajo de campo enfocado en la Obra Pública adquiere tanto protagonismo como grado de incidencia alcance en el combate contra la corrupción y la impunidad.