Esto, para proteger el patrImonio y seguridad de las víctimas
Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Con 277 casos de despojo registrados en 2025 en San Luis Potosí, el Congreso del Estado puso bajo análisis una iniciativa para endurecer las penas e incorporar agravantes a este delito. La Comisión Primera de Justicia revisa la propuesta de reforma al Artículo 227 y la adición del Artículo 228 Bis del Código Penal estatal, ante el aumento de este ilícito y su impacto en la seguridad jurídica de la población.
Entre los factores que sustentan la reforma se encuentra el crecimiento sostenido de denuncias, así como la participación de redes de corrupción que operan con la complicidad de distintos actores. También se menciona la afectación a personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y ascendientes, sectores que resultan particularmente vulnerables por su situación física, económica o social.
La iniciativa incorpora como agravantes la simulación de actos de autoridad, el uso de documentación falsa y la colusión de servidores públicos, conductas que agravan el impacto del delito y representan una traición a la confianza ciudadana.
Con 270 casos registrados en un periodo de seis meses, la reforma busca aplicar respuestas penales frente a prácticas que implican abuso de poder, engaño o violencia contra sectores desprotegidos.
La propuesta parte del reconocimiento del derecho a la propiedad y a la posesión pacífica de los bienes, protegido por el Artículo 27 de la Constitución Política Mexicana por diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México. Este derecho es considerado un eje de la estabilidad social, la seguridad jurídica y la dignidad de las personas.
El delito de despojo se configura cuando se ocupan inmuebles de manera ilegal o se ejercen derechos reales de forma indebida, ya sea mediante violencia física o moral, engaño o de forma clandestina.