Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Mientras en el Congreso del Estado se revisan y avalan los instrumentos financieros de los municipios, trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez denunciaron que, en documentos oficiales aprobados por el propio Poder Legislativo, se mantienen tabuladores salariales que permiten pagar sueldos por debajo del salario mínimo. El señalamiento surge en un contexto donde la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, presidida por la diputada del PVEM, Dulcelina Sánchez de Lira, analizó las Leyes de Ingresos municipales, mientras que los Presupuestos de Egresos continúan reflejando condiciones laborales precarias.
Acompañados por su abogado, Roberto Rivera Martínez, empleados municipales expusieron que perciben entre 650 y mil 200 pesos semanales, pese a que el salario mínimo vigente en San Luis Potosí es de 315.04 pesos diarios. Indicaron que esta situación no es irregular ni desconocida, ya que en el Presupuesto de Egresos y en los tabuladores salariales publicados en el Periódico Oficial del Estado se establecen pagos de entre 80, 90 y 100 pesos diarios para distintos puestos del Ayuntamiento.
Rivera Martínez sostuvo que el Congreso del Estado y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) conocen estos tabuladores, pues son instancias responsables de su aprobación y publicación, lo que calificó como una omisión que permite la continuidad de la explotación laboral. Añadió que esta práctica no es reciente ni atribuible únicamente a la administración actual encabezada por la alcaldesa del PRI Lisa Avigail Izaguirre Rico, sino que se ha mantenido durante varios trienios.
Además de los bajos salarios, el abogado denunció despidos injustificados y represalias contra trabajadores que buscan organizarse sindicalmente. Señaló que alrededor de 150 empleados del Ayuntamiento se encuentran afectados, aunque 26 integran el grupo que impulsa la creación de un sindicato; sin embargo, tras hacerse pública esta intención, siete trabajadores fueron despedidos de manera inmediata y el resto enfrenta amenazas para firmar contratos, jornadas laborales prolongadas y la falta de prestaciones conforme a la ley.