
Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Un grupo de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Villa Juárez interpuso una demanda laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, para exigir la regulación de sus condiciones de trabajo y el pago del salario mínimo vigente, tras denunciar que perciben sueldos por debajo de lo establecido en la ley y enfrentan represalias por intentar formar un sindicato.
El abogado asesor sindical que los representa informó que la demanda fue presentada el 12 de septiembre, junto con la solicitud de registro sindical. Detalló que los empleados perciben entre 580 y mil 500 pesos por siete días de trabajo, con un salario base de cotización de 82 pesos diarios, pese a que el salario mínimo general es de 278.80 pesos al día.
De acuerdo con el abogado, algunos trabajadores cumplen jornadas excesivas sin recibir pago de horas extras. Mencionó el caso de un velador que labora de lunes a domingo, de 7 de la noche a 7 de la mañana, y de choferes del transporte escolar que trabajan desde las 4:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Explicó que, ante estas condiciones, se demandó también la regulación de horarios y el pago de tiempo extraordinario.
El representante legal indicó que actualmente asesora a 26 empleados que buscan constituir un sindicato, aunque las condiciones señaladas afectan a alrededor de 150 trabajadores municipales. Señaló que los afectados lo contactaron tras conocer su trabajo con el sindicato del Ayuntamiento de Cerritos.
Afirmó que desde 2017 las y los empleados han solicitado aumentos salariales sin obtener respuesta y acusó que, tras conocerse su intención de sindicalizarse, algunos han sufrido retención de salarios, amenazas de despido y presión para firmar nuevos contratos. Agregó que hasta ahora no ha existido diálogo con autoridades municipales, aunque prevé una audiencia de conciliación en los próximos días.
La demanda fue interpuesta contra el Ayuntamiento de Villa Juárez como ente jurídico, incluyendo a la presidenta municipal, Lisa Avigail Izaguirre Rico y a el cabildo completo. El abogado señaló que las autoridades estatales, como la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), deberían intervenir, ya que tienen conocimiento de las nóminas y tabuladores oficiales publicados.