Para enero, se determina con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, dijo Martínez Acosta
Por Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
Más allá del debate por un posible incremento en la tarifa del transporte público de San Luis Potosí para 2026, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado enfoca su estrategia en la modernización del servicio y en la aplicación estricta del marco legal vigente.
La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, sostuvo que los ajustes que se realicen a partir de enero próximo no responderán a negociaciones extraordinarias con concesionarios, sino a la actualización anual prevista en la ley, la cual, se determina con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Desde la perspectiva gubernamental, el tema tarifario está directamente vinculado con la calidad del servicio. En ese sentido, la funcionaria dejó en claro que cualquier modificación deberá traducirse en beneficios tangibles para los usuarios, especialmente en la renovación del parque vehicular, un rubro que durante años permaneció rezagado por la falta de planeación.
Como parte de esta ruta, la SCT prevé cerrar 2025 con la incorporación de alrededor de 100 nuevas unidades al transporte urbano. Algunas de ellas ya se encuentran en territorio potosino y en condiciones de comenzar operaciones, mientras que el resto llegará de manera paulatina para completar el proceso de sustitución de camiones obsoletos.
La modernización, añadió, no se limitará al corto plazo. Para 2026 se contempla una nueva etapa de renovación, con el objetivo de consolidar un sistema de transporte más eficiente y que el cambio sea perceptible para la ciudadanía.
Paralelamente, la dependencia mantiene operativos de inspección para garantizar el cumplimiento de la normativa, aun en un contexto marcado por la escasez de operadores. Martínez Acosta subrayó que esta problemática no exime a concesionarios ni choferes de ofrecer un servicio adecuado.
Finalmente, destacó que continúan los programas de capacitación dirigidos a operadores, con énfasis en temas de inclusión, perspectiva de género y trato al usuario, además de acciones permanentes para erradicar prácticas que durante años se normalizaron en el transporte público del estado.