HASTA la ganancia quieren pagada
EL pulpo camionero quiere casi 2 mil 800 millones de pesos del presupuesto estatal. La cantidad de por sí hace levantar la ceja, pero hay que desmenuzar la solicitud para encontrar lo mejor: incluyeron una utilidad del 15 por ciento para los concesionarios. Qué confianza. Todavía no les dicen si habrá dinero y ellos ya pusieron en la cuenta cuánto quieren ganar.
MARGARITO Terán salió a defender la petición. Dice que hay 882 autobuses obsoletos que deberían estar fuera de circulación. Con eso pretende explicar por qué necesitan semejante bolsa, aunque de paso deja bastante mal parados a sus compañeros. Si esos camiones ya no deberían andar trabajando, ¿por qué siguen recogiendo pasaje? La explicación de que no alcanza para cambiarlos debe resultar muy reconfortante para quien tiene que subirse todos los días.
TAMBIÉN deja exhibida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tanto de gobiernos anteriores como del actual. Porque alguien debió vigilar que se cumpliera la obligación de renovar las unidades. O resulta que la ley estaba de adorno mientras los autobuses seguían envejeciendo. Ahora que llegó la hora de hablar de dinero, todos parecen muy enterados del desastre. Qué lástima que tanta claridad no apareciera antes.
Y Terán todavía advierte que para 2028 ningún autobús estará en condiciones de circular. Según su propio diagnóstico, el problema lleva años creciendo.
YA debería estar preparando el gobierno una explicación de cómo se le fue haciendo viejo todo el transporte frente a sus narices. Sería bueno escuchar esa explicación antes de que nos presenten el rescate como una urgencia que nadie pudo prever.
LA renovación merece discutirse. Los pasajeros necesitan mejores camiones y sería una necedad cerrar la puerta a cualquier apoyo. Pero los transportistas, gandallas como siempre han sido, aprovecharon para meter las pérdidas de la pandemia: casi 275 millones de pesos que quieren amortizar con recursos públicos.
A muchos negocios les fue mal entonces. No todos tienen el atrevimiento de llegar al Congreso con la cuenta pendiente.
PERO detengámonos en la utilidad, porque eso es todavía más difícil de digerir. La iniciativa contempla más de 173 millones de pesos para ese margen. Aquí sí hace falta que expliquen despacito por qué el contribuyente tendría que hacerse cargo. Porque una cosa es financiar un mejor servicio y otra que los concesionarios salgan de la negociación con su ganancia presupuestada.
MIENTRAS tanto, Ricardo Gallardo, el gobernador, dice que el asunto “no está en nuestra cancha”. Pues la solicitud estará en el Congreso, pero los camiones están circulando en el estado que gobierna. Su administración tiene algo que decir sobre las condiciones del servicio. La SCT no necesita un turno legislativo para explicar qué ha hecho ante semejante rezago.
EN el Congreso encontraron excesiva la cifra. Menos mal. Aunque falta ver cuánto dura el espanto cuando empiece la revisión en comisiones. Por eso habrá que seguirles la pista: que la defensa del usuario no termine sirviendo para justificar un acuerdo cuyos principales beneficiarios sean los de siempre.
TERÁN invoca el derecho humano a la movilidad. Tiene razón, pero ese derecho le corresponde al pasajero. Es a él a quien deben explicarle qué ganaría con el desembolso. Y hay una pregunta que conviene contestar desde ahora: si el gobierno paga los autobuses, ¿de quién van a ser? Porque estaría muy cómodo estrenar con dinero de todos y seguir manejando el negocio como propio.
QUE pidan apoyo, si pueden justificarlo. Pero que no den por hecho que los potosinos debemos pagarles hasta la utilidad. Bastante caro sale ya tolerar un servicio cuyo deterioro reconocen sus propios dueños.
