“TANTOS años en la calle y no saber mover el abanico”…
EN el caso del polémico y leonino contrato de arrendamiento de un terreno propiedad de la UASLP a la empresa VEMSA a un precio irrisorio, comienza a entrar en una etapa interesante. Se comienza a observar la desesperación y pánico del representante legal y socio mayoritario de VEMSA, Fabián Espinoza, que empieza a dar patadas de ahogado ante un caso a todas luces perdido para su causa…
ANTE las vísperas de que se concluya el primer año de gracia al arrendatario que se cumple en abril próximo, cuando la empresa VEMSA tendría que pagarle a la universidad su primer pago por la renta (una cifra superior a los 10 millones de pesos) además de cumplir con ciertos conceptos y trámites acordados en el leonino contrato, el socio mayoritario de la VEMSA, muestra signos de desesperación y emprende una embestida errática y fofa, para intentar presionar, hacer ruido e intentar litigar en los medios…
SON fuegos de artificio, cortinas de humo, que intenta desviar la atención del asunto de fondo: un contrato a todas luces leonino, ventajoso y sospechoso, un asunto que se ve y huele a corrupción y que brota pus por donde quiera, una millonaria pérdida en recursos para la institución educativa y una evidente colusión y complicidad entre funcionarios universitarios con la empresa beneficiaria…
AHORA el socio mayoritario y representante legal de VEMSA interpone una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, por el presunto delito de “usurpación de profesión”, al asegurar que la denunciada firmaba como doctora varios oficios dirigidos a él, cuando presuntamente no ostenta este grado. Sin ser abogado ni pretender defender a nadie, menos a la aludida que para eso se pinta sola, a continuación enumeraremos dos garrafales yerros del demandante Fabián Espinoza…
PRIMER error de primaria: Espinoza Díaz de León interpone su denuncia por usurpación de profesión contra “Urenda Queletzú Sánchez Navarro” y no contra Urenda Queletzú Navarro Sánchez, los apellidos correctos de la abogada general, además el denunciante asegura que buscó en el registro de la SEP si ostentaba ese grado y “resultó que no”, ¿pero cómo quiere encontrar los datos si buscó con el nombre equivocado por Dios?, si Fabián tiene un abogado que lo asesora lo debería de despedir y demandar por inepto…
SEGUNDO error: El delito de usurpación de funciones consiste en ejercer una profesión sin tener el título correspondiente expedido por una institución reconocida, también se considera atribuirse públicamente el título profesional sin tenerlo, según reza el Artículo 250 del Código Penal. Ejemplo: cuando te ostentas como licenciada en Turismo pero apenas tiene un diploma de técnico de sobrecargo, tal es el caso de la impresentable directora de Turismo del municipio de la capital, Claudia Lorena Peralta Antiga. Regresando al caso anterior, Fabián Espinoza se vuelve a equivocar, el doctorado es un grado académico y no una profesión, el doctorado es el máximo grado académico que puede otorgar una universidad, por lo tanto mientras que la acusada tenga su título y cédula profesional de licenciada en derecho, no hay usurpación de funciones, punto…
AL final de cuentas lo de la denuncia es un asunto menor, lo que no hay que perder de vista, mucho menos olvidar, es que un terreno de 46 mil metros cuadrados en la zona diamante de la ciudad, que se podría rentar al menos 120 pesos el metro cuadrado, la universidad, por medio de sus funcionarios, de la Comisión de Hacienda, del mismo Consejo Directivo Universitario y sus 58 integrantes levantadedos, abyectos y con vocación de alfombra, del mismo rector y su inepto secretario general, rentaron por menos de seis pesos el metro cuadrado a una empresa sin experiencia en el ramo, sin estudios técnicos, sin permisos y desvirtuando el objetivo principal el de construir una unidad deportiva y no un centro comercial…
NO podemos dejar pasar que hubo sin duda funcionarios universitarios coludidos que permitieron este descarado robo en despoblado, iniciando por el rector Alejandro Zermeño, que jura y perjura que no sabía nada de esto, ¿pero quién le cree?, no sabemos qué está peor, si ser tonto o ser corrupto, o ambas. Para empezar se debe de cancelar el leonino proyecto, iniciar una investigación a fondo al ex abogado general Joel González de Anda y a Federico Garza quien debió de supervisar todo el proceso, principalmente no permitir que se firmara un leonino contrato en perjuicio de nuestra Alma Mater…Armando Acosta