La transparencia sale muy cara
LA CEGAIP está en vías de desaparecer, pero sus funcionarios cobran como si nada hubiera pasado. José Gerardo Navarro Alviso recibe 80 mil pesotes mensuales; Ana Cristina García Nales, 78 mil, y la directora administrativa Gabriela López Fraga, otros 25 mil pesos.
SOLAMENTE la nómina ronda los 888 mil pesos al mes. Al sumar servicios, finiquitos y demás gastos, sostener el organismo supera los dos millones.
TODO para mantener una institución condenada a muerte que continúa abierta porque el Congreso del Estado, como dice la canción, “aquí no hay novedad”: no hizo el trabajo que le correspondía.
Y antes de que nos dé más coraje y terminemos recordándoles a los diputados a la autora de sus días, les explicamos: los ínclitos legisladores sabían que debían aprobar las leyes secundarias para extinguir la CEGAIP y transferir sus funciones.
PERO irresponsablemente dejaron vencer el plazo. Después, en lugar de asumir el costo de su burrada, aprobaron una salida para prolongar los encargos de Navarro Alviso y García Nales, aunque el organismo ya tenga los días contados.
O sea, los curuleros primero incumplen y luego modifican las reglas para tapar su incumplimiento. Así se las gasta el Congreso potosino.
MIENTRAS tanto, sigue sin conocerse el gasto actualizado por la renta de las oficinas de CEGAIP y de una casa utilizada como archivo.
LOS últimos datos disponibles, de junio de 2024, reportaban 178 mil 270 pesos mensuales. Después de julio de ese año, la información dejó de actualizarse.
NO deja de ser una paradoja y hasta una grosería que eso ocurra dentro del organismo responsable de garantizar el acceso a la información pública.
Y es que el problema no es solamente cuánto cobran Navarro Alviso y García Nales. El problema es que los potosinos continúan pagando una estructura millonaria porque el Congreso fue incapaz, otra vez, de cumplir un plazo establecido por los propios diputados.
LA CEGAIP cuesta más de dos millones al mes, pero hasta sale barata si se compara con la irresponsabilidad del Congreso del estado.
LA delincuencia ya cobra derecho de descarga
EL crimen organizado encontró otra ventanilla para cobrar impuestos. Ahora no solamente exige derecho de piso para trabajar, circular o mantener abierto un negocio. También cobra hasta 200 mil pesos para permitir que un camión descargue frutas y verduras.
RAÚL Torres Mendoza, consejero nacional de la AMOTAC, reveló que los delincuentes identifican las unidades cuando ingresan a las centrales de abasto, anotan placas y después llaman a los propietarios.
LES dicen que la mercancía está dañada, que los productos van escurriendo o que provocaron algún desperfecto. Luego viene la tarifa: entre 150 mil y 200 mil pesos para dejarlos descargar. Hasta eso, ingeniosos sí son los malosos.
NO es una extorsión improvisada. Los delincuentes vigilan accesos, obtienen información de los camiones, localizan a los dueños y controlan una actividad que debería estar bajo vigilancia de las autoridades.
EL mayor número de casos se concentra en la Ciudad de México, pero la AMOTAC advierte que esta práctica también alcanzó a San Luis Potosí. Y ahí está lo más grave: el delito se expande mientras los gobiernos continúan presentando reuniones, mesas de trabajo y números de emergencia como la gran solución.
LA existencia del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión sirve de poco si los criminales siguen decidiendo quién descarga, cuánto paga y hasta qué producto puede entrar.
PORQUE mientras la autoridad se hace pato y “promete” investigar, los extorsionadores ya instalaron su propia ventanilla de cobro.
Y esa, por desgracia, sí funciona, no como la cuatro té.