LA Ley Serrano ya estorba
HAY errores que un gobierno puede defender durante un tiempo. Pero llega un momento en que seguirlos defendiendo cuesta más que corregirlos. Ese momento parece haber llegado para la llamada “Ley Serrano”.
EL gobernador Ricardo Gallardo dijo hace unos días que muy probablemente será derogada y que el Ejecutivo presentará una nueva iniciativa. Hace bien. No sólo porque la reforma está impugnada ante la Suprema Corte, sino porque políticamente ya se convirtió en una carga.
HAY cosas que, si no se retiran a tiempo, terminan manchando.
LA intención de regular el uso de la inteligencia artificial nunca fue el problema.
EL problema fue una reforma penal con conceptos ambiguos, castigos severos y demasiadas dudas sobre su aplicación.
LA polémica no tardó en llegar. Primero fueron las críticas de especialistas, periodistas y organismos defensores de la libertad de expresión. Después vinieron las primeras detenciones. Sin entrar al debate sobre quiénes eran los acusados, la imagen fue contundente: ciudadanos enfrentando procesos penales por publicaciones difundidas en redes sociales.
EL golpe definitivo llegó cuando los primeros en utilizar la ley fueron actores políticos contra personas vinculadas a medios de comunicación. Tal vez jurídicamente cada caso tenga sus diferencias, pero la percepción pública ya estaba construida.
LA ley dejó de verse como un instrumento para combatir abusos de la inteligencia artificial y comenzó a percibirse como una herramienta que podía utilizarse para intimidar.
DESDE entonces, defenderla empezó a costar demasiado.
HOY el panorama es distinto. Rubén Guajardo, del PAN, ya adelantó que respaldaría una derogación. Gabriela López Torres, de Morena, votó en contra desde el inicio y después presentó una iniciativa para eliminarla. La CNDH llevó el caso ante la Suprema Corte. Las voces que piden corregir son cada vez más.
POR eso Gallardo tiene una oportunidad.
PUEDE insistir en defender una reforma que nació desgastada o asumir el liderazgo para corregir el rumbo antes de que alguien más lo obligue a hacerlo. Rectificar no siempre significa perder. A veces significa entender que el costo de sostener un error ya es demasiado alto.
LA Ley Serrano parece estar viviendo sus últimos días. Y quizá sea lo mejor.
NO porque la inteligencia artificial no deba regularse. Al contrario. Debe hacerse. Pero con una ley que dé certeza, no miedo; que proteja derechos, no que alimente sospechas; y que no termine convertida en un problema político para quienes alguna vez pensaron que era una solución.
LETICIA Vázquez la diputada, ya consiguió algo que pocos políticos logran: tener una calle con su nombre y una ley impugnada ante la Suprema Corte, todo en vida y sin que ninguna de las dos distinciones parezca motivo de orgullo. Cuando fue alcaldesa de Cerritos, el Cabildo que encabezaba aprobó bautizar una vialidad en su honor.
AHORA, como presidenta de la Comisión Primera de Justicia, promovió un delito tan ambiguo que la CNDH advierte que puede utilizarse para castigar expresiones legítimas. Quiso perseguir “narcomantas” y terminó colocando al Congreso potosino bajo sospecha de atentar contra la libertad de expresión. Lo grave no es sólo la torpeza legislativa, sino que venga precisamente de quien debería garantizar la calidad jurídica de las reformas penales.
A este paso, su nombre quedará en una calle; pero su legado estará escrito en una ley que nunca debió aprobarse.