LA dirigente de un partido político “empleado” del que gobierna, emprendió un litigio “por violencia política de género” en contra de un periodista que se atrevió a pedirle cuentas sobre su desempeño público, en el que por cierto recibe salario de dos fuentes de ingresos pagadas por nuestros impuestos…
LA controversia se da en medio de otros pronunciamientos donde en diversas partes del país, servidoras públicas se han aprovechado de la muy legítima cláusula de la protección de los derechos de género para interpretarlas a su conveniencia y con ello, convertirse en un nuevo mecanismo para dar un manotazo en la cara a la libertad de expresión y el derecho a la información…
BASTA con ver los diversos ejemplos ya contados en este espacio editorial, mismos que dan cuenta de una muy marcada tendencia a dar un nuevo giro al acoso a los periodistas, con fines de frenar su margen de acción para hacer periodismo de verdadera investigación, exhibir las corruptelas de los servidores públicos y como mínimo expresar ideas y libertad de agenda propia sin sobresaltos…
DE esos embates, saben periodistas de aquí y de allá, y también gobernantes de aquí y de allá, y personas con responsabilidad pública que se lavan la cara señalando con la mano derecha que respetan la libertad de expresión y hasta la protegen, y con la izquierda se convierten en los principales hostigadores de periodistas…
EL comentario surge a propósito de la serie de problemas que ha enfrentado también el ejercicio de la libre expresión en las redes sociales, tan necesarias para democratizar la opinión pública, siempre y cuando las publicaciones no supongan vulnerar de manera impune los derechos a la verdad, al buen nombre y a la tranquilidad de las personas que no tienen una responsabilidad pública en cualquiera de los poderes del Estado…
ES cierto que las páginas multiplataforma configuran sus algoritmos para no permitir publicaciones abusivas, pero tal parece que los diseñadores de los portales y los creadores de espacios de libre uso, identifican plenamente cuándo se trata de servidores públicos, en qué tiempo un mensaje es mal intencionado, amenazante, infamante, hostigador o de venta de productos…
CON eso no hay problema; los dueños del negocio pueden hacer lo que quieran con sus plataformas y acotar lo que sea necesario pero…
DE ahí a que políticos de dudosa calidad moral hagan lo que quieran para inhibir el libre ejercicio del periodismo, ya es otro asunto…
INCLUSO, los que más pierden con el acoso a la libertad de expresión, los límites al derecho a la información y el daño general a la libertad de expresión, no son los periodistas; la gran perdedora será siempre la ciudadanía, a quien se deben aquellos que cobran su sueldo de los impuestos, y los servidores públicos que hacen lo que quieren con dinero ajeno y gusto político propio…
ESPERAR un marco normativo que fortalezca la libertad de expresión y el derecho a la información, es mucho pedir. Hace muchos años que el Poder Legislativo dejó de ser una unidad autónoma del Estado. Sus diputados parecen empleados del Poder
Ejecutivo, si se considera que ser contrapeso no significa ir contra todo, pero sí hacer valer el legítimo derecho de los legisladores a tomar decisiones sin el telefonazo de nadie, ni acatar presiones políticas o financieras.
POSDATA: A veces la obra de construcción se traslada a los sábados o fines de semana, porque justo entonces no hay actividades de inspección de las alcaldías. Un ejemplo es el caso de la calle Villanueva, entre Zacatecas y el acceso al puente Municipio Libre. Un particular tapó el tráfico para conectarse a la red de drenaje y nada pasó.
REMATE: Hace algunas décadas, al titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado le apodaban “El Talento”, porque su trabajo “‘taba lento”. Pero ahora está peor: ¿cómo así que en 5 meses la fiscalía local se negó a tomar conocimiento de algunos hallazgos muy graves en Matehuala?