¿QUÉ teme Héctor Serrano?
ALGO muy delicado debe preocupar al diputado Héctor Serrano para que haya decidido declarar la guerra contra quienes filtran documentos del Congreso del Estado.
EL diputado del Partido Verde anunció investigaciones, procedimientos ante la Contraloría y posibles sanciones contra asesores y empleados legislativos que presuntamente entregan información a la oposición.
ASÍ, sin disimulo: para Serrano, el problema no parece estar en lo que contienen los documentos, sino en que alguien se atreva a mostrarlos.
¿A qué le teme?
LOS documentos generados por el Poder Legislativo, salvo las excepciones establecidas por la ley, deben ser públicos. Iniciativas, dictámenes, convocatorias, actas y textos sometidos a votación no pertenecen al Verde, a Serrano ni al grupo político que controla el Congreso. Son información de una institución pública.
PERO Serrano habla de filtraciones como si se tratara de secretos de Estado.
EL momento de lanzar la amenaza tampoco es menor. Ocurre después del desaseado trámite de la reforma constitucional que modificó los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
ALREDEDOR de esa reforma surgieron cuestionamientos que siguen sin respuesta. Se señalaron diferencias entre el documento aprobado en comisión y el publicado en la Gaceta Parlamentaria. También existen versiones de que alguna reunión pudo haber sido simulada y de que no todos los integrantes de las comisiones fueron debidamente convocados.
¿ESO es lo que no quieren que salga?
SERRANO afirma que las filtraciones buscan provocar una “crisis interna”. Pero la crisis no la genera quien entrega un documento. La crisis existiría si ese documento demostrara que en el Congreso se aprueba una cosa, se publica otra y finalmente se vota una versión diferente.
ESO sería mucho más grave que cualquier filtración.
TAMBIÉN tendría que aclararse qué información fue entregada. ¿Era reservada? ¿Estaba legalmente clasificada? ¿Contenía datos personales? ¿Formaba parte de una investigación? ¿O simplemente exhibía decisiones que la mayoría quería mantener fuera del conocimiento público?
NO todo documento incómodo es confidencial.
SI hubo una entrega ilegal de información protegida, que se investigue y sancione conforme a derecho. Pero antes de amenazar con la Contraloría, Serrano debe explicar cuál fue la norma violada.
DE lo contrario, esto parece una burda cacería política para controlar la información y sembrar miedo entre quienes conocen cómo se procesan realmente las decisiones legislativas.
LA frase de que los empleados “obedecen a la institución” también merece atención. Los trabajadores públicos deben obedecer la ley, no guardar lealtad política a la mayoría en turno. El Congreso no es una extensión del Partido Verde ni sus empleados son soldados al servicio de Serrano.
LA oposición, además, forma parte del propio Poder Legislativo. Entregarle un documento a una diputada o diputado no significa necesariamente sacar información del Congreso. Primero debe conocerse qué se compartió y bajo qué condiciones.
TAMBIÉN convendría saber quién investigará a los inquisidores. ¿La misma Contraloría subordinada a Serrano? ¿Quién garantizará que no sea utilizada para intimidar o silenciar a trabajadores relacionados con fuerzas opositoras?
SERRANO promete llegar hasta el “meollo del asunto”. Ojalá lo haga.
CUANDO un político se preocupa más por cerrar la fuga que por explicar qué salió de ella, la sospecha es inevitable: lo grave quizá no sea la filtración, sino todo aquello que todavía intentan mantener oculto.