EN política, las formas importan tanto como el fondo. Y cuando un gobierno decide contratar despachos en el extranjero, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad para qué, con quién y cuánto costarán.
ESO es justamente lo que hoy está sobre la mesa.
REFORMA publicó que el Gobierno de San Luis Potosí habría firmado contratos por 750 mil dólares con consultores estadounidenses vinculados a Roger Stone, uno de los operadores políticos más polémicos del entorno de Donald Trump. No se trata de un personaje cualquiera. Su nombre está asociado durante décadas a campañas agresivas, operaciones de cabildeo y una forma de hacer política que genera controversia incluso en Estados Unidos.
LA respuesta del gobernador Ricardo Gallardo fue inmediata: negó tener contratos con compañías estadounidenses y sostuvo que el único convenio existente corresponde a la estrategia de atracción de inversiones de la Sedeco.
HASTA ahí, hay dos versiones.
PERO hay algo que no cuadra.
SI realmente se trata de una estrategia para atraer inversiones, ¿por qué la polémica gira alrededor de personajes especializados en relaciones públicas, cabildeo político y vínculos con el poder en Washington? ¿No habría sido más lógico contratar firmas reconocidas en promoción económica, comercio internacional o desarrollo industrial?
ES una pregunta legítima.
PORQUE el problema no es únicamente cuánto dinero cuesta un contrato. El problema es el mensaje que envía. San Luis Potosí atraviesa un momento en el que necesita atraer empresas, sí. Pero también necesita fortalecer su credibilidad institucional. Y cuando aparece el nombre de Roger Stone en cualquier documento relacionado con un gobierno mexicano, inevitablemente surgen sospechas, interpretaciones y cuestionamientos.
MÁS aún cuando la publicación ocurre en medio de reportes internacionales sobre la relación entre autoridades mexicanas y el gobierno estadounidense en temas de seguridad y combate al crimen organizado.
QUIZÁ todo sea una coincidencia.
QUIZÁ realmente se trate únicamente de abrir puertas para nuevas inversiones.
O quizá la explicación oficial todavía no está completa.
LO cierto es que este asunto merece mucho más que un desmentido de unas cuantas líneas.
SI los contratos existen, deben hacerse públicos íntegros. Si no existen, también debe demostrarse documentalmente. Y si corresponden a otra dependencia o a otro esquema jurídico, la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles.
PORQUE el dinero es público.
Y cuando se destinan millones de pesos para contratar asesoría internacional, la transparencia no debería ser una opción. Debería ser una obligación.
LO peor que puede hacer cualquier gobierno frente a una revelación de este tamaño es pedir un acto de fe.
LA confianza no se exige.
POSDATA: Después de tanta grilla, también se vale respirar. México le ganó 2-0 a Ecuador, rompió una racha de 40 años sin victoria en eliminación directa y sigue sin recibir gol en el Mundial. No resuelve los problemas del país, claro, pero sí le regala a la gente una alegría rara, de esas que juntan familias, barrios y ciudades frente a una pantalla. Por una noche, el “¿y si sí?” dejó de sonar ingenuo y empezó a parecer una posibilidad.