En Morena ya cualquiera se siente listo para el 2027.
Ahora fue Gabino Morales quien levantó la mano para buscar la candidatura a la alcaldía de la capital. Dice que quiere gobernar San Luis Potosí, que hay condiciones para competir y que su apuesta está en el municipio, no en la gubernatura.
Levantar la mano es gratis. Ganar la capital es otra historia.
Porque una cosa es acumular cargos dentro del movimiento y otra muy distinta convencer a un electorado que, elección tras elección, le ha cerrado la puerta a Morena en la capital.
Y, sin embargo, parece que el requisito para destaparse ya no es demostrar competitividad, sino simplemente tener ganas.
Pero Gabino no está solo. Morena vive una auténtica temporada de autodestapes.
Ahí está también Carlos Arreola, diputado con licencia y quizá el más verde de los guindas, que ya se apuntó para la gubernatura.
Dan ganas de hacer un ejercicio muy sencillo: ir a cualquier comunidad de la Huasteca, la que sea, preguntar quién es Carlos Arreola y contar cuántas personas levantan la mano porque lo conocen.
Spoiler: probablemente ni una.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿Morena está mandando al ruedo a los perfiles desechables para proteger a los verdaderos aspirantes? ¿O de plano eso es lo mejor que hoy
tiene para ofrecer?
Porque si la estrategia consiste en llenar el escenario de aspirantes sin peso, lo único que terminan exhibiendo es la falta de cuadros competitivos.
Y cuando abundan los apuntados pero escasean los competitivos, las famosas encuestas internas dejan de parecer un método democrático y empiezan a recordar aquel experimento llamado Mónica Rangel: una candidatura nacida más para cumplir un trámite que para ganar una elección.
Por ahora, Gabino quiere.
Falta saber si Morena realmente lo quiere… y todavía más importante, si la ciudad siquiera lo contempla.
Se los dijimos.
Y no porque uno sea profeta, ni brujo. Simplemente porque la Comisión Especial de Atención a Periodistas nació chueca.
Ayer dijimos que parecía una broma pesada. Hoy una voz mucho más autorizada, la académica de la UASLP María Suhey Tristán, especialista en derechos humanos, explicó con todas sus letras lo que era evidente: una comisión de esta naturaleza difícilmente puede generar confianza si la integran legisladores que han protagonizado confrontaciones con periodistas o impulsado reformas que hoy siguen bajo cuestionamiento por su impacto en la libertad de expresión.
Traducido al español: no puedes poner al lobo a cuidar a Caperucita.
El Congreso tenía 27 diputadas y diputados para escoger. Veintisiete.
No era obligatorio incluir justamente a quienes generan sospechas entre el gremio.
Pero decidieron hacerlo.
La presencia de Sara Rocha y, sobre todo, de Héctor Serrano contamina desde el arranque la credibilidad de una comisión que tendría que inspirar exactamente lo contrario: confianza.
Después de la Ley Serrano, de las denuncias penales contra comunicadores, de las acciones de inconstitucionalidad y del debate nacional que provocó esa reforma, el Congreso tenía una oportunidad para mandar un mensaje distinto.
Prefirió mandar el mismo.
Lo que pudo convertirse en un gesto de reconciliación terminó siendo la confirmación de que no entendieron nada.
Y sí.
Aunque les incomode leerlo.
Se los dijimos.