Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
El presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, César Arturo Lara Rocha, abrió la puerta a que en San Luis Potosí se analice una regulación para limitar el incremento anual de las rentas, similar a la recientemente avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la Ciudad de México.
El legislador consideró que el criterio del máximo tribunal tiene “aspectos positivos”, en particular al reconocer la vivienda como un tema social y no únicamente comercial.
En entrevista, señaló que vincular los aumentos al índice inflacionario “no es nada descabellado” y podría servir para evitar abusos en un contexto donde, admitió, hay zonas del estado en las que las rentas han crecido por encima de la inflación. Atribuyó este comportamiento a la llegada de industria y de personas que arriban a trabajar a la entidad, fenómeno que —dijo— ha presionado el mercado inmobiliario.
Indicó que el incremento en los precios de arrendamiento se concentra principalmente en la zona metropolitana —Capital, Soledad, Villa de Reyes y Villa de Pozos—, aunque también mencionó municipios turísticos como Real de Catorce y regiones de la Huasteca. En esos puntos, advirtió, el alza puede derivar en excesos si no existen reglas claras.
Lara Rocha recordó que previamente sostuvieron reuniones con representantes del sector inmobiliario y con el diputado Emilio Rosas tras detectarse casos de personas que se hacían pasar por agentes para cometer fraudes. Señaló que se calcula la existencia de entre 5 mil y 6 mil agentes inmobiliarios cuya actividad principal es la renta de inmuebles; sin embargo, reconoció que no hay certeza sobre un padrón actualizado de viviendas en arrendamiento ni un registro preciso del número de denuncias que se presentaron ante la Fiscalía por estos hechos.
Aunque en esos encuentros no se discutieron aspectos técnicos sobre las condiciones físicas que debe cumplir una vivienda para ponerse en renta, el legislador afirmó que la resolución de la Corte puede servir como punto de partida