Autoridades estatales y el Congreso son señaladas por dichas omisiones
Por Rolando Morales
[San Luis Hoy]
Integrantes de organizaciones civiles y representantes de la comunidad con alguna discapacidad en San Luis Potosí denunciaron que las autoridades estatales y legislativas continúan incumpliendo con la obligación de realizar consultas reales, efectivas y participativas en ese sector de la población, antes de aprobar leyes, planes y programas públicos.
En rueda de prensa, integrantes de Hermenéutica Centro de Enseñanza para Sordos A.C.; la comunidad terapéutica Vista Hermosa; Cambio de Ruta y la Coalición Movilidad Segura, se expuso que persisten omisiones tanto en el Plan Estatal de Desarrollo como en la preparación de la Ley de Movilidad Segura; además, de que los procesos de consulta que se han realizado han sido simulados o deficientes.
Luis González Lozano, de Cambio de Ruta, explicó que el incumplimiento de la consulta vulnera tratados internacionales y normas nacionales que obligan a escuchar a los destinatarios de las políticas públicas.
“Legislar para terceros sin saber cómo viven es algo que en 2025 ya no se puede tolerar”, afirmó, tras recordar que incluso jueces federales han dado la razón a colectivos en amparos ganados por falta de consulta, como el caso del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se demostró que solo hubo una “apariencia” de participación.
Por su parte, Catalina Torres, directora administrativa del Centro de Enseñanza para Sordos, señaló que aunque en diciembre de 2024 se incorporaron modificaciones al Plan Estatal de Desarrollo derivadas de un amparo ganado por personas con discapacidad, ninguna ha sido aplicada, incluyendo la creación de un área estatal que coordine la política pública en derechos humanos de este sector. “Se quedó todo en simulación, se publicó, pero no se ha movido nada”, denunció.
Juana Janeth del Rocío Espericueta, débil visual y una de las promoventes del amparo, coincidió en que los avances fueron meramente formales y sin resultados reales. “Queremos estudiar, trabajar, tener oportunidades como cualquier persona. No todo tiene que ver con el asistencialismo”, expresó.
Desde la Coalición Movilidad Segura, Víctor Hernández advirtió que la falta de consulta podría frenar la implementación de la Ley Estatal de Movilidad Segura, conocida como ‘Ley Santi‘.
Recalcó que la consulta no debe verse como un trámite, sino como parte esencial de la ley, y llamó al Congreso local a garantizar presupuesto y mecanismos permanentes para sistematizar estas consultas en todo el estado.
De igual forma, criticaron que el Poder Legislativo continúe tratando las consultas como eventos aislados y costosos, con presupuestos millonarios y poco alcance, en lugar de integrarlas de manera regular en sus procedimientos.
Finalmente, Mario Ávalos, de la comunidad terapéutica Vista Hermosa, sostuvo que lo que falta no es marco legal, sino voluntad política.
PIDEN A VILLA DE POZOS NO LITIGAR
El presidente de la organización civil ‘Cambio de Ruta’, Luis González Lozano, exhortó al municipio de Villa de Pozos a abstenerse de prolongar el litigio en torno al amparo que lo obliga a realizar la consulta a personas con discapacidad en la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal.
En lugar de recurrir nuevamente a instancias judiciales, pidió que las autoridades locales asuman una actitud responsable y cumplan con la sentencia emitida por el Poder Judicial Federal.
El activista jurídico informó que el municipio ya fue notificado formalmente del fallo que le ordena subsanar las omisiones en materia de inclusión y participación ciudadana. Dicha resolución reconoce que el Ayuntamiento no garantizó la consulta adecuada a personas con discapacidad, vulnerando con ello sus derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
González Lozano explicó que, aunque el municipio de Villa de Pozos cuenta con un plazo de diez días para promover un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, dicha acción solo tendría como efecto retrasar el cumplimiento de la sentencia y mantener una situación de violación de derechos humanos.
Recordó que funcionarios del Concejo Municipal Interino, declararon previamente ante medios de comunicación su disposición a acatar la resolución judicial. Por ello, González Lozano consideró que el municipio debe honrar ese compromiso público y no retroceder en su postura con nuevos recursos legales que obstaculicen el proceso.
El presidente de Cambio de Ruta advirtió que, de persistir en la vía legal, el municipio no solo prolongaría el incumplimiento de una obligación jurídica, sino también una deuda social con las personas con discapacidad, quienes históricamente han sido excluidas de la toma de decisiones públicas.