SAN JUAN DE GUADALUPE PRESENTA ALTO ÍNDICE EN ESTE RUBRO
Ana Paula Vázquez
[San Luis Hoy]
Al menos 40 mil predios en zonas urbanas de San Luis Potosí presentan algún tipo de irregularidad, de acuerdo con datos del Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis). La cifra podría ser aún mayor si se suman los asentamientos ubicados en ejidos o tierras con régimen agrario, advirtió el director del instituto, Cristian Joaquín Sánchez Sánchez.
“Todo el estado tiene problemas de asentamientos irregulares. Muchos se pueden resolver, pero otros definitivamente tienen un problema jurídico serio que, aunque tengamos la mayor voluntad, deben resolverse en juzgados”, señaló el funcionario.
Uno de los casos más representativos es el del predio El Polvorín, en el municipio de Rioverde, donde los terrenos fueron vendidos por una persona que no era el propietario legal. Hoy, el dueño legítimo se niega a firmar acuerdos con los habitantes y busca vender las tierras como si se tratara de una zona residencial, lo que ha detenido cualquier posibilidad de regularización.
Además de ventas fraudulentas, el Inrevis ha identificado problemas derivados de herencias no formalizadas y tratos verbales que nunca se legalizaron ante notario. “Vendió el papá, el papá fallece y los hijos no respetan el trato. Esto provoca hasta temas de inseguridad; hay terrenos vacíos que acaban ocupados por pandillas”, advirtió Sánchez.
A la par del rezago habitacional, la dependencia enfrenta otro desafío: la recuperación de bienes del estado que fueron entregados o vendidos de forma irregular por organizaciones sociales, presuntamente en complicidad con funcionarios de administraciones pasadas.
“Terrenos que compró el estado, y que luego permitió que una organización social los venda y hoy vienen a que les regularicemos bienes. Se los cobraron a la gente y el dinero se lo repartieron entre funcionarios y líderes sociales; primero les cobraron el crédito, luego les venden la carta de liberación”, explicó el director.
Sánchez reconoció que, aunque se planteó originalmente atender 10 mil casos en esta administración, la magnitud del problema obligó a ampliar el plan. “Estamos rebasados, y eso se nota en zonas como San Juan de Guadalupe en la capital, donde además del estatus urbano, hay conflictos por su régimen agrario”, comentó.