Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
La Contraloría General del Gobierno (CGG) dice que ya resolvió la investigación administrativa en contra de tres funcionarios estatales inmiscuidos en el accidente del antro Rich. Sin embargo, bajo el argumento de no afectar el “debido proceso” no informó los resultados de la misma.
La resolución corresponde a Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC); José Concepción Gallardo Martínez, titular de la Dirección de Gobernación y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Coepris).
En entrevista, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la CGE, precisó que desde diciembre pasado se emitió el resolutivo, pero no se hizo difusión del mismo, porque sólo se notificó a las personas intervinientes.
Cuestionado sobre si se aplicaron inhabilitaciones, amonestaciones u otro tipo de sanción, el funcionario estatal respondió que la carga del suceso que generó la muerte de dos jóvenes y la lesión de otros más, la tiene el Ayuntamiento capitalino. “Nosotros como Contraloría sí tenemos una resolución. De hecho, la resolución fue a finales del mes de diciembre. Realmente no podemos estar notificando abiertamente o no podemos estar publicando que ya está esa resolución”, concluyó.
El 22 de octubre, el gobierno capitalino informó que inhabilitó entre seis y doce meses, a cuatro exfuncionarios municipales, debido a sus omisiones en su desempeño, en la tragedia del antro Rich.