
Redacción
[San Luis Hoy]
El conflicto registrado el martes entre conductores de plataforma y taxistas no fue ocasionado por elementos de la SCT estatal, sino por taxistas que rodearon una unidad particular que estaba siendo revisada en un operativo de la dependencia, afirmó la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.
En entrevista para Pulso Al Aire, la funcionaria habló del conflicto registrado la tarde-noche del martes entre los trabajadores del volante de ambos grupos desmintiendo versiones periodísticas que afirmaban que los inspectores de la SCT habían iniciado
la confrontación.
Martínez Acosta explicó que los operativos de supervisión están en marcha todos los días y que el incidente ocurrió cuando una unidad de la SCT detuvo a un vehículo particular prestando servicio de transporte.
Durante esta detención, el operador fue solicitado a orillarse para validar su actividad. Fue en ese momento que un grupo de taxistas rodeó el vehículo de la Secretaría, complicando la situación y provocando que el conflicto añejo se reviviera.
“Lo que hicimos fue solicitar el apoyo a la Guardia Civil Estatal para llevar a cabo la actividad que estábamos desarrollando”, afirmó la titular de la SCT.
La funcionaria enfatizó que la intervención de los taxistas en el operativo es inaceptable: “Ellos tienen una concesión que les obliga a prestar el servicio de ruleteo y de ninguna manera se les permite, ni se les tolerará, que intervengan con actos de autoridad”.
La secretaria aseguró que se están revisando los videos del incidente para identificar a todos los involucrados y aplicar las sanciones correspondientes, tanto a los taxistas como a los vehículos particulares que participaron. “Si se acredita la comisión de un ilícito, podríamos incluso llegar al retiro de la concesión”, advirtió.
Sobre posibles sanciones a los taxistas involucrados, la SCT confirmó que se aplicarán sanciones conforme a la ley de transporte. Se destacó que los concesionarios son responsables de las acciones de sus operadores y que de comprobarse la comisión de un ilícito, se podría incluso llegar al retiro de la concesión.