Autoridades gestionan recursos para construir y rehabilitar plantas en zonas rurales y comunidades alejadas
Por Samuel Moreno
[San Luis Hoy]
Aunque San Luis Potosí cuenta actualmente con más de un centenar de plantas tratadoras de aguas residuales, el saneamiento del agua sigue siendo una deuda pendiente en distintas regiones del estado.
Al menos 20 municipios potosinos continúan sin infraestructura para tratar sus descargas, situación que mantiene focos de contaminación en ríos y cuerpos de agua, especialmente en la Huasteca y la Zona Media.
El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, reconoció que existen demarcaciones donde todavía no se dispone de plantas tratadoras, pese a que el problema ambiental se arrastra desde hace años.
Entre los municipios con mayor rezago mencionó a Aquismón, San Antonio y Tamasopo, donde además persisten afectaciones vinculadas con la contaminación del río Axtla.
El funcionario explicó que actualmente operan 101 plantas tratadoras en todo el estado, aunque aclaró que algunos municipios cuentan con más de una instalación debido a su tamaño territorial o distribución poblacional.
No obstante, admitió que la cobertura sigue siendo insuficiente en varias zonas rurales y comunidades apartadas.
La falta de este tipo de infraestructura representa uno de los principales desafíos ambientales para los ayuntamientos, pues las aguas residuales terminan en ríos, arroyos o afluentes sin un proceso adecuado de saneamiento.
En regiones como la Huasteca potosina, la problemática ha comenzado a generar preocupación entre habitantes y autoridades debido al deterioro de cuerpos de agua utilizados incluso para actividades cotidianas y turísticas.
Martínez Sánchez aseguró que la CEA mantiene gestiones permanentes para que los municipios puedan acceder a recursos estatales y federales destinados a la construcción o rehabilitación de plantas tratadoras.
Señaló que en años recientes algunos ayuntamientos lograron reactivar infraestructura abandonada, mientras otros apenas comienzan nuevos proyectos de saneamiento.
Pese a ello, el titular de la dependencia recordó que, conforme al artículo 115 constitucional, la operación y responsabilidad de estos servicios recae directamente en los municipios.
Añadió que el costo de una planta tratadora puede variar considerablemente dependiendo del tipo de proceso requerido —físico, biológico o fisicoquímico— así como de las dimensiones y necesidades específicas de cada demarcación.