(EFE)
Nueva York.- El Departamento de Justicia de EU acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios de Sinaloa de delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos”, indica un comunicado.
En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general de Sinaloa.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EU y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.
En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y recibir a cambio “millones de dólares” de los beneficios del cartel.
EU alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran “secuestrando e intimidando a sus rivales”, y ha permitido que estos “operen con impunidad” bajo la promesa de protegerlos. Los antiguos cargos del gobierno del Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
A la lista se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua.